Según el portal Infobae, a través de un escrito, redactado en primera persona por el exmandatario, procura desligarse una vez más productor de seguros Héctor Martínez Sosa, en pareja con la secretaria María Cantero, y apunta a los medios y a la Justicia por el avance de la causa.

Hasta el momento, Fernández solo había intentado apartar al juez Ercolini por “enemistad manifiesta”. Pero ese planteo hasta ahora fracasó. En junio, la Cámara Federal, con el voto del juez Roberto Boico, rechazó la recusación. El expresidente presentó un escrito de 48 páginas redactado por él mismo aunque lleva la firma de su abogada en esa causa, Mariana Barbitta.

La causa seguros

La sospecha sobre el expresidente es que con la firma del DNU benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, concretamente la ANSES y el Ministerio de Seguridad entre muchos otros, y lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias.

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de “brokers”. Tratándose de organismos estatales, el juez Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del 2021 del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

En la periferia de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para “cuidar que no se fueran los dólares” a través de aseguradoras multinacionales. Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.

Los legisladores porteños Graciela Ocaña y Yamil Santoro denunciaron al director de la Anses, Mariano de los Heros, por presunto «incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y posible comisión del delito de malversación de caudales públicos», al haberle otorgado una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fernández.

La presentación judicial contra el funcionario se llevó a cabo a raíz de la decisión del funcionario de otorgarle de forma expeditiva una jubilación de privilegio a Fernández mientras se encontraba en España.

«En tiempo récord, el organismo previsional decidió otorgar el privilegio requerido por el ex presidente, sin dar debida respuesta a los reclamos administrativos antes mencionados y sin agregar dichos reclamos al expediente en el cual tramitaba la solicitud de asignación», expresa la denuncia presentada por la Fundación Apolo Bases Para el Cambio, entidad que dirigen Santoro y Ocaña.

La presentación recayó, por sorteo, en el juzgado del magistrado Julián Ercolini e intervine el fiscal Ramiro González. Se trata de los mismos funcionarios judiciales responsables de investigar la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el ex jefe de Estado. La presentación contra el titular de ANSES se produjo en medio de la causa contra Fernández por presunta violencia física y «terrorismo psicológico» en perjuicio de Yañez.