El juicio oral y público para esclarecer el homicidio de Jonathan Lezcano, ocurrido el 9 de agosto de 2018 en una vivienda del barrio San Miguel de la ciudad de Formosa, entró en su etapa de definiciones con el cierre de la audiencia de alegatos y la próxima lectura de la sentencia, la cual se espera para el jueves 13 de agosto al mediodía en el sexto piso del edificio de Tribunales.

Tres personas están acusadas por este hecho: el dueño de la vivienda ubicada en Carlos Brunelli 540 donde se perpetró el crimen, Marcelo Javier Díaz; el hijo de éste, Marcelo Díaz Arce y Abigail Ivón Samaniego, estos últimos compañeros de curso de la víctima.

La semana pasada, ante los integrantes del Tribunal de Juicio, conformado por las juezas María Nicora Buryaile y Laura Viviana Taboada y el juez Ricardo Rojas, cada una de las partes del proceso -querellante, fiscal y abogados defensores- expusieron sus respectivos argumentos acusatorios y defensivos, según el caso, a lo largo de una audiencia de alegatos de clausura del que se extendió por casi seis horas.

En diálogo con La Mañana, el doctor Jorge Pessolano, abogado de la familia Lezcano, explicó puntos de su alegato ante el Tribunal y marcó distancia con la fiscalía, al rechazar el planteo de medidas tutelares para los dos exmenores que llegaron al juicio con 24 años.

“Durante mi exposición de una hora y 20 minutos, fundamenté mi acusación haciendo un repaso de las pruebas principales contra los tres imputados y peticioné la pena de prisión efectiva para todos, especialmente hacia los dos jóvenes que en el 2018 eran menores, pero llegaron a la instancia de juicio como adultos”, definió Pessolano.

Y amplió: “Si bien se le aplica la Ley Penal de la Minoridad vigente, porque la nueva recién estará en marcha en septiembre de este año, mencioné en mi fundamento un fallo provincial por el cual, en el año 2011, en un caso de homicidio donde intervinieron cinco adultos y un menor, éste último fue condenado a prisión efectiva”.

Pessolano remarcó que para los dos jóvenes de 24 años imputados en la causa, pidió durante el alegato final “una pena de prisión efectiva de 20 años en un establecimiento penitenciario para adultos”.

“Los acusé por el delito de homicidio calificado con dos agravantes como el ensañamiento y alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Si bien con una de estas calificaciones ya lo llevan a perpetua, conforme a tratados internacionales incorporados a nuestra ley, no aplica la presión perpetua y se morigera la pena para tentativa, con sólo un máximo de 20 años”, explicó.

A su vez, recordó que para Marcelo Javier Díaz, el adulto y dueño de la vivienda donde ocurrió el crimen, se solicitó la prisión perpetua por homicidio calificad, bajo los agravantes de ensañamiento y alevosía, odio por la cuestión de género y concurso premeditado de dos o más personas.

En el marco de la última audiencia, el doctor Pessolano señaló que “la Fiscalía o parte pública de la acusación entendió de distinta manera y planteó la prisión perpetua para Díaz, conforme a los mismos calificantes, pero con diferencias al criterio de la querella en cuanto a sus planteos para los dos exmenores”.

Para ser preciso, dijo que “la fiscalía consideró para el hijo de Díaz una participación secundaria en el hecho sin pedir una pena, en tanto que para la otra exmenor solicitó que se declare la responsabilidad penal por encubrimiento, aplicadas con medidas tutelares para ambos que considere el Tribunal”.

Según el abogado de la familia Lezcano, resulta “improcedente” aplicar medidas tutelares a jóvenes que llegaron al juicio con 24 años.

“Se busca extender estas medidas tutelares durante un año. Si los dos exmenores cumplen a raja tabla, no se les aplicaría la pena acreditada en la responsabilidad penal sobre los delitos. Pero, si no cumplen, recién caería la pena que les corresponde, según la decisión que tome el Tribunal de sentencia”, agregó.

Crimen

Jonathan, conocido como «Johnny”, tenía 16 años cuando en agosto de 2018 fue asesinado a golpes en el barrio San Miguel de la ciudad de Formosa, convirtiéndose, por la brutalidad de los hechos, en uno de los casos policiales más conmocionantes de la provincia.

El estudiante desapareció el 9 de agosto de ese año en horas de la mañana cuando se dirigía desde su casa al colegio donde cursaba sus estudios secundarios, la EPET N° 2.

El cuerpo sin vida del adolescente fue encontrado 16 días después, el 25 de agosto de 2018, en un terreno baldío del barrio San Miguel con signos de extrema violencia.

Las pericias detectaron rastros de sangre de la víctima en la vivienda de su compañero de colegio, ubicada a pocos metros del lugar donde fue encontrado el cadáver. Esto ayudó a marcar la escena primaria del ataque.