La diputada provincial Agostina Villaggi presentó una nota ante el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) para solicitar información detallada sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa eléctrica que percibe la empresa REFSA por la prestación del servicio.

Según explicó la legisladora a La Mañana, el pedido surge tras un análisis de la evolución de los cuadros tarifarios desde 2024 hasta la actualidad. De acuerdo con los datos relevados por su equipo, el VAD registró un incremento del 222% en ese período, mientras que el costo de la energía eléctrica, determinado a nivel nacional, aumentó un 118%.

“Queremos que se blanquee ese valor porque en la factura no está discriminado cuánto corresponde al costo de la energía y cuánto al VAD. Lo que se muestra es un precio unificado que no permite conocer con claridad cómo se compone la tarifa”, sostuvo Villaggi.

La diputada afirmó que, según los cálculos realizados, de cada 100 pesos abonados por los usuarios en concepto de energía eléctrica, alrededor de 60 pesos corresponderían al VAD. Por ese motivo, consideró necesario que REFSA y el organismo regulador informen de manera precisa cuál es la participación de cada componente dentro de la factura final.

Durante la entrevista, también cuestionó la información que actualmente figura en las facturas de energía, donde se atribuyen los incrementos tarifarios a decisiones del Gobierno nacional. En ese sentido, señaló que existe una falta de transparencia respecto de los costos propios de la distribuidora provincial.

Villaggi además planteó interrogantes sobre la composición accionaria de REFSA. Recordó que en distintas oportunidades solicitó información sobre los accionistas privados de la empresa, sin obtener respuestas oficiales.

Por otra parte, cuestionó el funcionamiento del ente regulador y sostuvo que la legislación provincial establece mecanismos de información y participación ciudadana previos a las modificaciones tarifarias. “Lo único que se publica es el cuadro tarifario final, pero no se informa cómo se compone cada uno de los rubros que integran el costo total del servicio”, afirmó.

La legisladora remarcó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial garantizan el acceso a la información pública y consideró que el EROSP tiene la obligación de brindar los datos requeridos.

En cuanto a los pasos a seguir, explicó que el organismo dispone de diez días hábiles para responder al pedido. En caso de no obtener contestación, adelantó que presentará una reiteración formal y, de persistir el silencio administrativo, recurrirá a una acción de mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir judicialmente la entrega de la información.

Finalmente, Villaggi también reclamó precisiones sobre el denominado “esfuerzo formoseño”, el esquema de subsidios aplicado sobre el VAD.

Según señaló, actualmente no se conoce qué porcentaje de usuarios recibe ese beneficio ni cuál es el impacto real del descuento sobre la tarifa que pagan los consumidores.