La mujer fue arrestada por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Su captura se concretó luego de que un testigo la señalara como parte de la banda narco que integraban su esposo y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez, también detenida.

El fiscal pidió las prisiones preventivas los otros apresados en la causa y el traspaso de la investigación al fuero federal. Además, se mostró conforme con la investigación y afirmó que la principal sospecha que pesa sobre Mujica es la de coautora del hecho, al igual que el resto de los detenidos hasta el momento.

La solicitud de Arribas apuntó contra Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los tres cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra. La lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, que fue capturado en Perú.

Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

El funcionario judicial consignó que el juez tiene cinco días para expedirse sobre el requerimiento acerca de las prisiones preventivas, mientras que debe correr traslado a las partes sobre el traspaso del caso al fuero federal. “Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, remarcó Arribas, quien definió como “global” el análisis realizado en el planteo.