Según el escrito, ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.
La hipótesis fiscal sostiene que “las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”, según destacó el escrito.
De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que, con anterioridad, “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Sin embargo, las extitulares “no generaron ninguna acción para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.
La participación activa de la ANMAT y el INAME se logró saber a través de las diversas conversaciones privadas que mantuvieron Bisio y Mantecón Fumado, además de documentos oficiales y actuaciones administrativas.
La investigación puso el foco en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios investigados y las deficiencias constatadas por el INAME durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024: “se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento”.
Pese a ese cuadro, sostuvieron que el organismo regulador con poder de policía sanitaria, aun cuando conocía las graves deficiencias existentes y los riesgos que implicaban para la salud de la población, no activó con la urgencia necesaria mecanismos preventivos eficaces para impedir o interrumpir la circulación de los productos, entre ellos los lotes N°31.202 y N°31.244, los cuales estaban contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica.
El dictamen señala, entre otros aspectos, “la demora en la suscripción de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la comercialización de los productos que ya habían sido fabricados y eran distribuidos por HLB Pharma Group”.
Para los representantes del MPF, “la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”.
