A un mes del femicidio de Gisela Mendoza, su familia se presentó este miércoles en la sede del Poder Judicial como querellante en la causa en la que se encuentra imputado y detenido la expareja de la víctima.

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El cuerpo de Gisela Agustina Mendoza fue encontrado el martes 15 de julio pasado a pocos metros de la cinta asfáltica de la avenida Alicia Moreau de Justo, en inmediaciones al cementerio San Antonio, de esta ciudad.

La causa que se inició como “búsqueda de persona” tuvo un giro importante en las últimas horas del lunes 14 de julio cuando el juez de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de feria, Dr. Enrique Javier Guillen dispuso la detención de la expareja de Mendoza por “privación ilegítima de la libertad y presunto femicidio”.

La investigación continuó y en la mañana del martes 15, canes de la Policía dieron con el cuerpo de la víctima, de 37 años, en un descampado, cerca de una casa abandonada, a unos 50 metros de la cinta asfáltica de la avenida Alicia Moreau de Justo, a unas tres cuadras del cementerio San Antonio.

Elizabeth González, amiga de la familia, que acompañó ayer a los familiares en este importante paso legal en Tribunales, explicó a La Mañana que la presentación de la querella permitirá a la familia acceder al expediente, a las declaraciones y a los resultados del peritaje forense y la autopsia, información que hasta el momento les había sido negada. “Queremos saber el peritaje, si ella falleció el 13 o cuándo, porque se lo encontró el 15”, declaró González.

Comentó que la familia, representada por las abogadas Silvia Cynthia Valdez y la Dra. Meza, “busca respuestas y exige justicia por Gisela”. González indicó que el acusado, la expareja de Gisela, se negó a declarar hasta el momento.

Dijo que además de la presentación de la querella, la familia planea realizar movilizaciones para mantener el caso en la memoria pública y exigir una fecha de juicio para el imputado, con la máxima pena de cadena perpetua.

Los hijos de Gisela, de 18, 11 y 9 años, están recibiendo contención psicológica a través del Ministerio de Educación, aunque la familia busca apoyo psicológico adicional.

Señalan que la Oficina de Violencia Intrafamiliar aún no se ha hecho presente en el caso, pero las abogadas de la familia están investigando los pasos judiciales a seguir.