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El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El oficialismo, a través de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, envió al Senado de la Nación el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado de la Nación el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

La medida de la Casa Rosada se fundamenta en un veto de naturaleza política: la candidata es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, autor de recientes investigaciones que salpicaron a figuras de la administración libertaria como el caso $LIBRA.

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto.

Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La orden de frenar el ascenso judicial, que el propio presidente Javier Milei había firmado a mediados de marzo, provino de la Secretaría General de la Presidencia.

La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio «Chiqui» Tapia.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con emisarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la propia jefatura libertaria, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.

Greenway y Catania están propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

 

El Gobierno premió al juez que avaló la deforma laboral

El Gobierno premió al juez que avaló la deforma laboral

Tras el fallo que restableció la normativa, el Ejecutivo formalizó en el Boletín Oficial la solicitud al Senado para que el camarista Víctor Pesino continúe cinco años más en su cargo pese a haber cumplido 75 años.

La reforma laboral aprobada por el Congreso ya se encuentran plenamente vigente.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

PESIMO ES ALTO COIMERO, ALTO COIMERO

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el envío de nuevos pliegos al Congreso para cubrir las vacantes en el Poder Judicial.

La medida alcanza a un total de 100 propuestas para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales.

En ese marco, sobresale la renovación del pliego del juez Víctor Pesino, quien ya cuenta con 75 años y debe ser ratificado por el Senado. Se trata de uno de los jueces que revocó la cautelar contra la reforma laboral.

Pesino forma parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ayer dio lugar al planteo del Estado Nacional y dejó sin efecto la cautelar que mantenía suspendida la aplicación de una parte sustancial de la ley, habilitando así que esos artículos vuelvan a regir mientras se analiza el fondo del caso.

El pronunciamiento fue dictado por la Sala VIII del tribunal, integrada por María Dora González y por el mencionado Víctor Arturo Pesino, en el expediente iniciado por la CGT. La causa, que tramita ante el Juzgado N° 63, pone en discusión la validez de distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El conflicto se remonta al 30 de marzo, cuando el juez Enrique Ojeda había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la central obrera, suspendiendo la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, publicada días antes en el Boletín Oficial. Esa resolución fue apelada por el Estado, pero inicialmente el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que implicaba que la suspensión seguía vigente durante la revisión judicial.

Frente a ese escenario, el Gobierno presentó un recurso de queja para cambiar el efecto de la apelación y lograr que tuviera carácter suspensivo. Ese punto resultó clave: si la apelación se concedía bajo ese criterio, la cautelar quedaba automáticamente sin efecto hasta que la Cámara resolviera la cuestión de fondo.

Los jueces de la Sala VIII avalaron ese planteo apoyándose en lo establecido por la Ley 26.854, que regula este tipo de litigios. En particular, citaron el artículo 13, inciso 3, que establece que cuando una medida cautelar suspende —total o parcialmente— los efectos de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a derechos especialmente protegidos.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino: apartan al juez Argibay y se demora la definición sobre sus detenciones

Claudio Tapia y Pablo Toviggino: apartan al juez Argibay y se demora la definición sobre sus detenciones

La resolución de la Cámara Federal de Tucumán introduce un giro en la causa y posterga una decisión clave en la investigación.

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Sebastián Argibay y postergó la decisión sobre los pedidos de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino sumó un nuevo capítulo luego de que la Cámara Federal de Tucumán decidiera apartar al juez Sebastián Argibay, quien debía resolver el pedido de detención presentado por el fiscal.

El magistrado había quedado en el centro de la escena por cuestionamientos vinculados a su imparcialidad. El planteo de recusación se apoyó en versiones que señalan la existencia de un presunto vínculo comercial entre su entorno familiar y el de Toviggino, a partir de una operación inmobiliaria bajo sospecha.

En ese contexto, el fiscal federal Pedro Simón había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que existían riesgos procesales, como una posible interferencia en la investigación o la evasión de la Justicia. Sin embargo, esa definición ahora quedó en suspenso.

El expediente analiza supuestas maniobras irregulares en torno al manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, con foco en una estructura de empresas y bienes que estarían vinculados al círculo cercano de Toviggino.

Fuentes del ámbito judicial señalaron que la decisión de apartar a Argibay ya estaba tomada y que su oficialización se concretaría a través del sistema Lex 100, utilizado para la firma y publicación de resoluciones.

A la par, la causa enfrenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que complejiza el trámite y dilata definiciones relevantes.

Con este escenario, el expediente queda momentáneamente sin resolución sobre los pedidos de detención y a la espera de que se designe un nuevo juez que continúe con la causa.

El juez Cañete dispuso la liberación de dos de los tres detenidos por el crimen del abogado Christian Robles

El juez Cañete dispuso la liberación de dos de los tres detenidos por el crimen del abogado Christian Robles

Ambos fueron imputados por “encubrimiento agravado” y liberados del cargo del delito de “coautores de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía

El juez Cañete dispuso la liberación de dos de los tres detenidos por el crimen del abogado Christian Robles - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar
El juez de Instrucción Nº 2, Felipe Cañete, dispuso este martes la libertad de dos de los tres detenidos por el crimen del abogado Christian Robles, ocurrido el pasado 28 de enero en la esquina de Freitas y avenida Gutnisky de esta ciudad.Así lo confirmó a La Mañana el abogado Daniel Ojer, defensor de Fabricio Ferreira, uno de los detenidos que ayer fue liberado junto a Cabrera, quienes se encontraban alojados en la Comisaría Segunda y Octava, respectivamente.

 

“Atinadamente, la fiscalía después de que incorporaron nuevas pruebas fílmicas y testimoniales, testigos presenciales, vio correcto solicitar la modificación de la calificación legal y volver a imputarlas a estas dos personas por encubrimiento agravado y sobreseerlos por el delito de coautores de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía”, manifestó el letrado a este Diario.

Comentó que luego de la solicitud de la fiscalía el magistrado que interviene en la causa dispuso recalificar la acusación por encubrimiento agravado para Ferreira y Cabrera, que ayer quedaron en libertad.

Ojer explicó, sin embargo, que tanto Ferreira como Cabrera deberán prestar testimonio ante el juez en audiencias fijadas para el 26 y 27 de este mes, respectivamente, aunque ya con otros cargos en su contra, el de encubrimiento agravado.

De esta manera, el único detenido e imputado en la causa es Franco Gerardo Pérez.

La abogada de la familia del Dr. Christian Robles, Claudia Corbalán, contó recientemente a este Diario que, de acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las pruebas y las imágenes de cámaras de seguridad de comercios de la zona, el abogado asesinado no participaba de ninguna pelea cuando fue atacado. La querella sostiene que el abogado intentó intervenir para mediar en una discusión entre los otros dos imputados cuando Pérez lo agredió sorpresivamente con un golpe de puño que lo dejó inconsciente.

“El doctor Robles estaba parado en la vereda observando la situación cuando recibió el golpe que lo dejó inmediatamente inconsciente. Al caer sobre la cinta asfáltica, el agresor continuó golpeándolo en el rostro”, detalló la abogada. Según indicó, los otros dos imputados presenciaron la agresión y no realizaron ninguna acción para evitarla ni para auxiliar a la víctima.

En el marco del proceso judicial, el juez fijó las fechas para las declaraciones indagatorias: Pérez será interrogado el 25 de marzo, Cabrera el 26 y Ferreira el 27.

Reforma laboral: juez declaró inconstitucional el artículo que limita las indemnizaciones

Reforma laboral: juez declaró inconstitucional el artículo que limita las indemnizaciones

Un juez cordobés anuló el mecanismo que fijaba el recálculo de sumas en litigios laborales iniciados antes del cambio normativo y determinó que se aplique el sistema anterior.

La reforma laboral aprobada por el Congreso hace dos semanas encontró su primer obstáculo judicial.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La polémica ley de reforma laboral su primer fallo en contra. Un juez laboral de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley.

El artículo, uno de los más cuestionados, regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina qué se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales previo a la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” en su sentencia con fecha del 10 de marzo, pero que se conoció este jueves.

El magistrado sostuvo que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

El magistrado explicó que el artículo 55 de la «Ley de Modernización Laboral» introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.

En esos casos, la ley fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para Gileta, ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.

La reforma laboral ya está vigente y frenó un paro en San Juan

En paralelo al fallo judicial en Córdoba, la reforma laboral tuvo su primera aplicación concreta en el ámbito educativo, en la provincia de San Juan. Las autoridades frenaron un paro docente que estaba programado para el 11 y 12 de marzo, invocando la vigencia de la Ley Nacional de Modernización Laboral. La normativa establece que la educación constituye un servicio esencial y, en caso de huelga, los gremios docentes deben garantizar una prestación mínima del 75% del servicio. Además, los sindicatos están obligados a presentar un plan detallado para asegurar ese porcentaje de asistencia en las aulas.

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan intimó a los gremios UDAPUDA y AMET a cumplir con la nueva normativa. Ante la falta de presentación del esquema requerido, la autoridad laboral consideró la medida fuera de la ley y dispuso la suspensión del paro. Los sindicatos resolvieron levantar la medida de fuerza, aunque mantuvieron la realización de una “Marcha de Antorchas” como modalidad de protesta indirecta frente a la falta de acuerdo salarial.

 

El juez rechazó el pedido de Chiqui Tapia para suspender su indagatoria

El juez rechazó el pedido de Chiqui Tapia para suspender su indagatoria

El magistrado Diego Amarante ratificó las citaciones a la cúpula de la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y confirmó que el Tapia deberá declarar este jueves en Comodoro Py.

Claudio Tapia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El juez Diego Amarante rechazó el pedido de la defensa de Claudio Tapia para suspender la indagatoria prevista para este jueves en la causa por presunta apropiación indebida de aportes y retenciones tributarias, y avanzará con las declaraciones de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.

El magistrado, titular del Juzgado Penal Económico N° 5, calificó de “improcedente” el planteo presentado por los abogados del presidente de la AFA y de otros directivos imputados, y ratificó el cronograma de audiencias que comenzará este jueves en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

La estrategia defensiva se basó en que aún se encuentra pendiente una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ante la cual los representantes de la AFA apelaron para que se dicte el sobreseimiento por inexistencia de delito. Según ese planteo, las indagatorias no deberían realizarse hasta que el tribunal superior se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Amarante resolvió que la apelación no suspende el trámite principal y dispuso que las citaciones se mantengan. De este modo, Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo, mientras que las restantes audiencias se desarrollarán en los días siguientes:

  • El viernes 6 de marzo está prevista la indagatoria del directivo Gustavo Lorenzo.
  • El lunes 9 comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina
  • El miércoles 11 cerrará la ronda el tesorero Pablo Toviggino.

En el caso de Toviggino, el juez aceptó reprogramar la fecha original tras la designación de un nuevo abogado defensor, pero rechazó el pedido para que la declaración se realizara por videoconferencia y ordenó su comparecencia presencial, también dispuso refuerzos de seguridad y restricciones de circulación en la sede judicial para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.

La causa por la que la justica investiga a Tapia y al manejo de la AFA

La causa se inició el 12 de diciembre del 2025, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de descontar aportes y tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días.

La investigación abarca 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la denuncia, la entidad no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago de las obligaciones retenidas.

Un informe técnico incorporado al expediente señala que la AFA recibió acreditaciones bancarias por más de 45 mil millones de pesos solo en diciembre de 2024 y mantenía inversiones en plazos fijos en moneda local y extranjera. Para el organismo recaudador, esos datos descartan una situación de insolvencia.

La acusación sostiene que la asociación habría ejecutado una operatoria financiera con fondos correspondientes a la seguridad social de sus empleados y a retenciones impositivas, generando deudas millonarias en concepto de aportes previsionales y tributos como IVA y Ganancias.

El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance del proceso con base en los cuadros de vencimientos y la documentación aportada por el ente recaudador. Los hechos investigados se encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión.

Una vez concluida la última indagatoria, el juez contará con un plazo legal de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados y determinar si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito de los directivos involucrados.

 

Entre Ríos: desbaratan un plan narco para asesinar a un juez y un fiscal

Entre Ríos: desbaratan un plan narco para asesinar a un juez y un fiscal

La Justicia federal de Gualeguaychú frustró una presunta maniobra atribuida al llamado «estanciero narco» Leonardo Airaldi, detenido en la Unidad Penal 9. Según la pesquisa, se habrían ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para atacar al juez Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti.

Fue desbaratado un plan para asesinar al juez federal Leandro Ríos.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia federal de Gualeguaychú desarticuló un presunto plan criminal que tenía como objetivo asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti.

La maniobra, según fuentes judiciales, fue atribuida al llamado «estanciero narco» Leonardo Airaldi, detenido en la Unidad Penal 9, quien será juzgado en los próximos días como presunto jefe de una organización narcocriminal con ramificaciones en Entre Ríos y Santa Fe.

La investigación se inició a partir del testimonio de un recluso vinculado a causas por narcotráfico. El interno declaró ante el fiscal federal Pedro Rebollo y aportó detalles sobre una supuesta operación ideada como venganza contra los funcionarios judiciales.

De acuerdo con ese relato, Airaldi habría ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante hipotéticas vacaciones de Ríos y Candioti en Uruguay. Sin embargo, la pesquisa estableció que ninguno de los magistrados estuvo en ese país ni tenía previsto viajar.

Investigación

Las actuaciones avanzaron con rapidez. A pedido de Rebollo, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento en el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

El procedimiento, realizado con intervención de Gendarmería Nacional y presencia de la Policía de Entre Ríos, permitió secuestrar teléfonos celulares, anotaciones, documentación y una cantidad no precisada de cocaína, según confirmaron fuentes del caso. Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en la causa.

Revancha

El testigo sostuvo que Airaldi buscaba revancha por el expediente que lo llevará a juicio oral. En su declaración, aseguró que el detenido consideraba que el juez Ríos le había “inventado una causa” y que el fiscal Candioti “tenía todo arreglado” para obtener una condena de 15 años. Estas afirmaciones forman parte del material bajo análisis judicial, mientras se intenta establecer si existieron contactos concretos para ejecutar la maniobra denunciada.

Airaldi, conocido en ámbitos locales como el “estanciero narco”, fue durante años una figura visible en el sector agropecuario entrerriano. Ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero, su situación dio un giro drástico tras ser señalado como presunto líder de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

La acusación, instruida por el juzgado federal de Paraná, describe una organización con capacidad logística, conexiones en Rosario y presuntos puntos de ingreso de droga desde Paraguay a través de islas y propiedades rurales.

El juicio contra el estanciero narco

El juicio oral que comenzará en los próximos días buscará determinar responsabilidades en una causa de alto impacto institucional. Conforme trascendió, está prevista la declaración de 51 testigos y se ventilarán dos expedientes: uno centrado en la operatoria en Diamante y Paraná, y otro originado en Santa Fe por el hallazgo de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en una vivienda vinculada al entorno del imputado.

La gravedad de la denuncia activó además mecanismos de protección. El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto con fuerzas federales para garantizar su seguridad. En el ámbito provincial, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de la situación a través de autoridades penitenciarias y coordinó medidas preventivas.

Fuentes judiciales subrayaron que la investigación continúa y que no se descartan nuevas diligencias. El foco está puesto en reconstruir la eventual trama de vínculos, corroborar la veracidad del testimonio y analizar la información surgida de los dispositivos incautados. Mientras tanto, el caso expone una vez más la tensión entre el avance de causas complejas contra el narcotráfico y los riesgos que enfrentan quienes intervienen en su juzgamiento.

San Martín: Grupo narco con armas blancas atacó a un juez de garantías

San Martín: Grupo narco con armas blancas atacó a un juez de garantías

Unos 20 personas copó un edificio judicial y amenazó al juez Nicolás Schiavo. Los empleados levantaron barricadas para frenar a los violentos.

Juez de Garantías Nicolás Schiavo del distrito judicial de San Martín

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Un grupo de al menos 20 personas armadas con cuchillos copó un edificio judicial del partido bonaerense de San Martín y amenazó de muerte al juez de Garantías Nicolás Schiavo, en un hecho de extrema gravedad que encendió las alarmas dentro del Poder Judicial.

El episodio ocurrió al mediodía de este miércoles en un inmueble donde funcionan varios juzgados y, según fuentes judiciales, los agresores intentaron llegar hasta los despachos del magistrado como represalia por una causa vinculada al narcotráfico en la que interviene. «Los empleados del juzgado hicieron una barricada con unos chapones para que los sujetos no avancen», contó una fuente judicial a Popular.

El ataque estaría vinculado con miembros de una organización criminal allanada el 22 de enero pasado a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.

La hipótesis principal es que la irrupción fue un intento de represalia o amedrentamiento directo contra el magistrado por su intervención en esa causa.

Reclamaban la libertad de unos detenidos y amenazaron con matar a todos. Dijeron que iban a regresar y que los iban a matar”, ampliaron y destacaron que no hubo heridos.

Amenazas y agresiones contra jueces

El ataque se produce en un contexto de fuerte preocupación en el ámbito de la Justicia. En distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad se encendieron señales de alerta por la seguidilla de amenazas y agresiones contra jueces, fiscales y funcionarios.

Fuentes judiciales advierten que solo el año pasado se registraron más de 150 situaciones denunciadas de intimidaciones, ataques o hechos violentos vinculados a organizaciones narco o bandas delictivas que buscan condicionar investigaciones o decisiones judiciales.

La preocupación no es nueva. En diciembre pasado, por ejemplo, un reconocido magistrado fue víctima de un violento asalto comando en su casa de Gregorio de Laferrere. Cinco o seis delincuentes armados irrumpieron de madrugada en la vivienda del juez Jorge Rodríguez, titular de un juzgado de Garantías de Morón, y lo sorprendieron junto a su esposa mientras dormían. Los investigadores sostienen que la banda actuó con información precisa sobre los movimientos y rutinas del magistrado, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado y no de un robo al azar.

Enérgico repudio de magistrados

Tras el hecho, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su «enérgico repudio y preocupación» por el ataque a un juzgado del Departamento Judicial San Martín.

Además, indicaron que “el hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.

Para finalizar, el Colegio expresó que “estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.

Por ello, exhortaron “a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”. Según la nota del diario La Nación, en el edificio no hay cámaras ni en el exterior ni en el interior.

Quién es el juez que juzgará a Maduro y qué cargos enfrenta

Quién es el juez que juzgará a Maduro y qué cargos enfrenta

El juez federal Alvin Hellerstein fue designado para presidir el proceso penal contra el presidente venezolano. El juicio se desarrollará este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El juez neoyorquino Alvin Hellerstein

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Estados Unidos estará a cargo del juez neoyorquino Alvin Hellerstein, de 92 años y que tiene una larga trayectoria en casos de trascendencia pública.

El magistrado estuvo en el pasado a cargo de casos como la causa por abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y las demandas contras las aerolíneas involucradas en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Oriundo de la ciudad de Nueva York, Hellerstein es egresado de la Universidad de Columbia. Fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York.

En 2019, Hellerstein estuvo a cargo de la demanda colectiva que varias mujeres interpusieron en contra del productor Harvey Weinstein y sus socios por abuso sexual y el juez rechazó un acuerdo reparatorio propuesto por la parte acusadora, por un monto superior a los 20 millones de dólares.

Otro de los casos con mayor impacto en la opinión pública fue la demanda que los dueños de las Torres Gemelas del World Trade Center emprendieron en contra de American Airlines y United Continental, a quienes acusaron de negligencia y responsabilizaron de las muertes que ocurrieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el ámbito político, Hellerstein presidió casos como el emprendido en contra del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, pero que fue recientemente indultado por Trump.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA MADURO?

La acusación alega que, desde hace más de 25 años, Maduro y otros líderes ‌venezolanos «han abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones una vez legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos».

Asimismo, afirma que Maduro y sus aliados «proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico» a importantes grupos ‌de narcotraficantes, como el cártel de Sinaloa y la banda del Tren de Aragua. Estas organizaciones criminales enviaban ganancias a funcionarios de alto rango que los protegían a cambio, según el Departamento de Justicia.

Entre otros actos concretos, se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer las ganancias de la droga de México a Venezuela.

Maduro fue acusado de cuatro cargos: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El caso es llevado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de ‌Nueva York, una oficina dentro del Departamento de Justicia famosa por su férrea independencia y sus agresivos enjuiciamientos.

La misma fiscalía presentó una acusación contra Maduro en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada hecha pública el sábado agrega algunos detalles nuevos y coacusados, incluida ‍la esposa de Maduro, Cilia Flores.

La primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en 2007 para organizar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.
Por usar ChatGPT, anulan sentencia de un juez en Esquel

Por usar ChatGPT, anulan sentencia de un juez en Esquel

La Cámara Penal de Esquel revocó la condena de dos años y medio de prisión a un hombre tras detectar que el juez redactó la sentencia con asistencia de Inteligencia Artificial. El caso abrió un debate sobre los límites del uso de IA en tribunales.

La Justicia de Esquel anuló un fallo porque el juez utilizó ChatGPT para redactar la sentencia

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Cámara Penal de Esquel decidió anular una sentencia dictada en junio de este año luego de descubrir que el juez Carlos Rogelio Richeri había utilizado ChatGPT para redactarla. La condena original era de dos años y seis meses de prisión por un robo simple a Raúl Amelio Payalef.

El uso de la Inteligencia Artificial se evidenció en el texto de la sentencia, donde se leía literalmente: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”, una frase que delató la intervención del asistente digital. Por este motivo, ahora el caso será revisado por otro juez y se deberá realizar nuevamente el juicio.

Precedente judicial

Los magistrados que revisaron el fallo, Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme, señalaron que la presencia de esta frase evidencia que no se ejerció correctamente la supervisión humana, un requisito obligatorio en decisiones judiciales. El tribunal advirtió que esto impide evaluar con claridad qué parte del texto corresponde al juez y cuál a la IA Generativa, generando una “brecha demasiado amplia” en la responsabilidad judicial.

La resolución remite el caso al Superior Tribunal de Justicia, encargado de investigar la magnitud de las consecuencias derivadas del uso indebido de IA en el proceso. El organismo deberá determinar el alcance del error y garantizar que se respete el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva para los ciudadanos.

Este episodio abre un debate sobre los límites del uso de Inteligencia Artificial en tribunales, un tema cada vez más presente en distintos países. Los expertos señalan que, si bien la IA puede ser una herramienta de apoyo, delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos vulnera principios básicos del derecho y la transparencia judicial.

Para Payalef, la nulidad significa que su situación legal seguirá en revisión y que el juicio deberá repetirse bajo supervisión estricta de un nuevo juez, marcando un precedente insólito en la provincia de Chubut sobre la interacción entre tecnología y decisiones judiciales.