La presentación fue impulsada por Julia Strada, junto a Germán Martínez y Paula Penacca, quienes señalaron posibles delitos vinculados a la elaboración y difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el escrito, el ministro habría ordenado mantener una metodología de cálculo basada en componentes considerados desactualizados, pese a que el organismo estadístico ya había resuelto implementar un nuevo esquema desde comienzos de 2026. Para los denunciantes, la decisión implicó una “violación de los deberes de funcionario público”, además de una presunta vulneración de normas sobre confidencialidad y secreto estadístico.

Strada sostuvo que la medida buscó postergar la aplicación del nuevo índice en un contexto sensible para la dinámica de precios. La legisladora afirmó que el propio Caputo reconoció públicamente diferencias en los resultados del IPC según la fórmula utilizada, e incluso lo acusó de anticipar datos en redes sociales antes de su comunicación oficial. “Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”, planteó.

Variable central

La denuncia remarca que el IPC es una variable central para la economía, ya que incide en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, además de ser referencia en negociaciones salariales y contratos públicos y privados. En ese marco, los legisladores advirtieron sobre “consecuencias sociales, económicas y políticas” derivadas de cualquier alteración en la producción de estadísticas oficiales.

El debate se intensificó tras la salida de Marco Lavagna del organismo, en medio de cuestionamientos sobre la nueva metodología. El esquema técnico que se discutía otorga mayor ponderación a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, lo que podría traducirse en variaciones más elevadas del índice. Desde el entorno del presidente Javier Milei, en tanto, defienden la consistencia de los indicadores y rechazan las acusaciones de manipulación.

En paralelo, la controversia política se trasladó al Congreso, donde la oposición ya había promovido pedidos de interpelación para que el ministro brinde explicaciones. Mientras tanto, la discusión por la credibilidad de las estadísticas públicas vuelve a ocupar el centro de la escena económica y reaviva un histórico foco de tensión en la Argentina.