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Para la Cámara de Comercio, Clorinda es un «pueblo fantasma» por el casi nulo movimiento

Para la Cámara de Comercio, Clorinda es un «pueblo fantasma» por el casi nulo movimiento

Mario Bernal, presidente de la entidad, pidió mayor diálogo para poder ayudar al sector, porque cerraron grandes firmas y, los locales que abrieron, son pequeños. Medios paraguayos hablaron del “fin del tour de compras” en la segunda ciudad 

Para la Cámara de Comercio, Clorinda es un "pueblo fantasma" por el casi  nulo movimiento - Diario La Mañana

El comercio en la segunda ciudad provincial atraviesa una crisis casi terminal, con más de 114 comercios cerrados en lo que va del año y un movimiento casi nulo, que la hace ver como “un pueblo fantasma”, según describió ante La Mañana el presidente de la Cámara de Comercio clorindense, Mario Bernal.

Este lunes, medios paraguayos como El Nacional y ABC Color hablaron del fin del “tour fronterizo de las compras«, que trajo en algún momento la bonanza de los locales clorindenses: desde el vecino país venían a territorio formoseño a llevarse todo, pero nada queda de eso.

 

Bernal describió ese escenario que quedó en el pasado: «anteriormente, uno caminaba por Clorinda y veía un montón de gente en las calles y veredas; ahora, transitar por la ciudad parece un pueblo fantasma».

Subrayando que, si bien el fenómeno no es nuevo, sino cíclico, impulsado por fluctuaciones en el tipo de cambio, la crisis actual es más grave que las que estaban acostumbrados. «Los paraguayos venían cuando les favorecía el cambio, y viceversa. Pero ahora, ni siquiera eso ocurre: ¿quién se iría a Paraguay o vendría si hay que hacer tres o cuatro horas de cola?», cuestionó.

El núcleo del problema radica en los controles aduaneros y migratorios en el paso San Ignacio de Loyola. Las demoras, que pueden extenderse por horas, disuaden a los visitantes de Asunción y otras ciudades paraguayas, tradicionalmente los mayores consumidores. «Es un caos de público conocimiento: fotos de colas interminables circulan por todos lados«, afirmó Bernal.

Por esto, la Cámara de Comercio, impulsa mejoras en la infraestructura. Hace 15 días, ingenieros y arquitectos evaluaron el puente y presentaron planos con correcciones para agilizar el flujo, evitando cuellos de botella. «Queremos que sea un paso agradable, no solo para los hermanos paraguayos que visitan Argentina, sino para todos», enfatizó.

Impacto

Consultado por La Mañana sobre el impacto de esta situación, el comerciante detalló que, en lo que va de 2025, al menos 114 locales cerraron, principalmente empresas grandes y responsables inscriptas en el régimen de factura A, con cargas tributarias elevadas.

Aunque una cantidad similar de pequeños comercios –muchos monotributistas– han abierto sus puertas, el saldo neto es negativo: «Las empresas grandes generan más facturación y empleo formal; los nuevos son informales, con menos impuestos y responsabilidades», explicó.
Esta transformación no solo reduce la recaudación municipal, sino que profundiza la recesión local.

Este Diario consultó sobre la iniciativa de la Municipalidad de Clorinda, con el intendente Ariel Caniza, de analizar paliativos como reducciones impositivas para comerciantes. Bernal insistió en que «el problema no es solo fiscal: sin gente cruzando, no hay ventas».

La entidad gremial, que opera ad honorem, sueña con un Puerto Falcón «limpio, ordenado y pintado», como entrada digna a Argentina. «Hace falta comunicación entre organismos para un bien común. Esta es una ruta internacional que conecta no solo Clorinda, sino todo el país», subrayó.

La Justicia declaró nulo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Justicia declaró nulo el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El fallo hizo lugar a una acción de amparo presentada por los padres de dos niños con discapacidad. Si bien sus efectos se limitan al caso particular, marcó un importante precedente judicial.

Las organizaciones reclaman que el Senado proclame la Ley de Emergencia para personas con discapacidad.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia declaró este lunes la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un fuerte revés al gobierno nacional.

El fallo, dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, respondió a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, estableció un importante precedente judicial. Además resaltó la obligación del Estado de proteger los derechos de las personas vulnerables.

El magistrado tomó la decisión a partir de una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación. Los hermanos padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Asisten a un centro educativo terapéutico y un colegio especial, cuyas autoridades habían advertido a las familias que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre.

La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, a través del que el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793.

Tal como se dijo, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general.

Cuáles son sus consecuencias inmediatas del fallo

La resolución judicial respondió a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.

• Amparo a favor: La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

• Orden a la obra social: El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la Ley de Emergencia en Discapacidad, ahora restituida para ellos.

• Costas a cargo del Estado: El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.