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Recrudece el conflicto del Gobierno con las prestadoras del PAMI

Recrudece el conflicto del Gobierno con las prestadoras del PAMI

Las entidades prestadoras del PAMI afirman que la situación es «crítica» y ahora el gobierno estudia una inyección de recursos que permita recomponer parcialmente los valores abonados por las prestaciones.

El ajuste en el PAMI impacta fuertemente en jubilados.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Mientras crece la interna en el oficialismo, el Gobierno enfrenta además un nuevo foco de conflicto vinculado al PAMI, organismo encargado de brindar cobertura médica a millones de jubilados y pensionados.

En este contexto, la administración nacional afirmó que trabaja en medidas destinadas a responder a los reclamos de las entidades privadas que prestan servicios al instituto.

El anuncio llega luego de que las entidades representativas de los prestadores de salud que mantienen convenio con PAMI advirtieron que la continuidad de la atención médica de millones de jubilados y pensionados atraviesa una situación crítica.

A través de un comunicado, señalaron que la falta de actualización adecuada de los valores, el importante atraso acumulado y los débitos injustificados comprometen la capacidad de numerosas instituciones para sostener sus servicios.

Según el texto difundido por ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, Salud Federal y CONFECLISA, durante los encuentros mantenidos con autoridades de PAMI se ha reconocido la existencia de esta problemática. Sin embargo, las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para revertir la situación que atraviesa el sistema prestador.

El comunicado detalla que, pese al actual atraso de un 102% de los valores, PAMI aplicará incrementos de apenas 1,9% para el mes de junio y 1,9% para julio de 2026. Estas actualizaciones, que son las únicas reconocidas en el año, impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026.

“De persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica por parte de millones de afiliados en todo el país”, advirtieron las entidades.

Las organizaciones destacaron que el sector privado constituye un componente esencial del sistema sanitario argentino. “Más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen a establecimientos privados, por lo que cualquier dificultad en su funcionamiento repercute directamente en la capacidad de respuesta sanitaria nacional”, señalaron.

Las entidades reiteraron su plena voluntad de diálogo y solicitaron con carácter urgente la adopción de medidas que permitan restablecer condiciones de financiamiento adecuadas y previsibles para el sistema.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el gobierno afirman a los cuestionamientos que baten desde las cámaras empresarias que prestan servicios se le brindará una contestación, con fondos. Fuentes oficiales destacan que Luis Caputo, el jefe de Hacienda, después de realizar un brutal ajuste en el sector, se encontraría trabajando en un plan para actualizar valores por las prestaciones que dan los privados.

Consciente de que el conflicto se puede agravar, el ministro presentará un plan con fondos con tal de asegurar la atención médica de jubilados, jubiladas y pensionadas. El oficialismo no quiere que otro tema ocupe la agenda en momentos en los que trata de recuperar la iniciativa y promete, con el presidente Javier Milei a la cabeza, que la economía crecerá sin ningún tipo de ruido de por medio.

El movimiento del ministro llega en momentos en los que distintos ejecutivos reclamaron respuestas por las prestaciones brindadas, que se suman “al importante atraso acumulado en los últimos meses y los débitos injustificados”.

Una situación que compromete la capacidad de “numerosas instituciones para sostener sus servicios en condiciones normales y continuar garantizando una atención de calidad”, tal como informaron en un comunicado que llegó a las oficinas del organismo que tiene a Esteban Leguízamo como conductor.

 

El IASEP respondió a prestadores y denunció que algunos médicos “piden dos o más órdenes, más un plus en dinero”

El IASEP respondió a prestadores y denunció que algunos médicos “piden dos o más órdenes, más un plus en dinero”

La obra social cuestionó públicamente la conducta de algunos profesionales “adheridos a dichas asociaciones, que incumplen con el convenio vigente”

El IASEP respondió a prestadores y denunció que algunos médicos “piden dos  o más órdenes, más un plus en dinero” - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Desde el Instituto de Asistencia Social para el Empleado Público (IASEP) se emitió este jueves un comunicado en el que se señala que “se encuentra vigente el convenio de prestaciones suscripto con las asociaciones médicas profesionales, el cual se determina la cantidad de órdenes médicas que puedan ser presentadas al cobro, en forma mensual”.

El comunicado de la obra social de los empleados públicos de la provincia se dio en respuesta a una presentación formal de los prestadores de salud privados ante el IASEP, en el que solicitaban a sus autoridades precisiones sobre límites de facturación.

 

Concretamente, ACLISA y FEMEFOR elevaron una nota al interventor de la obra social de los estatales, Dr. Claudio Samaniego, en la que piden precisiones sobre la normativa vigente relacionada con la cantidad de órdenes médicas pueden presentarse al cobro por afiliado y por mes.

En su respuesta, el IASEP explicó ayer que “los afiliados disponen de tres órdenes médicas mensuales, cantidad que se puede ampliar con una historia clínica, según la necesidad del afiliado”.

Además, la obra social indica que “el mismo convenio determina que las prestaciones facturadas y observadas serán objeto de una auditoría médica compartida con profesionales designados por las partes, que es quien resuelve las cuestiones mencionadas”.

Del mismo modo, la obra social estatal denunció que “serían algunos médicos adheridos a dichas asociaciones los que incumplen con el convenio vigente, solicitando dos o más ordenes médicas, por cada atención, más un plus en dinero”.

Asimismo, se remarcó que ayer “se abonó a todos los prestadores provinciales lo correspondiente al mes de noviembre de 2025, dentro del plazo de 30 días de presentación de la facturación, tal como lo establece el convenio entre las asociaciones prestadoras, a diferencia de otras obras sociales”.

Discapacidad: los prestadores están de paro contra el ajuste de Milei

Discapacidad: los prestadores están de paro contra el ajuste de Milei

Prestadores de servicios de discapacidad se adhieren a una convocatoria nacional que comenzó el lunes y que se extiende a lo largo de toda la semana, bajo la consigna “no al ajuste en discapacidad”. Se concentran este jueves a la mañana en la puerta del Congreso

Discapacidad: los prestadores están de paro contra el ajuste de Milei

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Los prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día de todo el país realizarán una marcha este jueves, en reclamo de la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y la aprobación de la ley de emergencia del sector que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.

Se concentrarán este jueves desde las 11 en la puerta del Congreso.

La medida se enmarca en la semana de lucha que comenzó este lunes en diferentes provincias. Los prestadores denuncian que cobran sus honorarios con una demora de entre 60 y 120 días, lo que no solo afecta su economía diaria, sino que también implica una fuerte pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos debido a la inflación.

Además, reclaman que el nomenclador nacional -que establece los valores de las prestaciones- no se actualiza desde 2024, lo cual profundiza la precarización de quienes trabajan en este ámbito.

A esto se suma la incertidumbre respecto a la continuidad de las prestaciones para 2025. Los prestadores exigen que las obras sociales garanticen los servicios y coberturas planificadas, para evitar que miles de personas con discapacidad queden sin atención.

Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), explicó que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.

«El último aumento fue hace seis meses y fue de un 0,5 por ciento», explicó el transportista al detallar que “hoy el litro de nafta está 1550 pesos y nos están pagando 500 pesos el kilómetro recorrido. En diciembre de 2023, el litro de combustible estaba 320 y nos pagaban 280, estamos muy abajo”, sentenció.

En este sentido, explicó que el Directorio de Sistema de Prestaciones Básicas es quien debe definir las actualizaciones que luego deben abonar las obas sociales “pero no se reúne, y desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) nos dicen que no hay plata”.

La situación es más compleja aún en los hogares y centros de día que por estas horas ya no pueden pagar sueldos. En estas instituciones las personas con discapacidad desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, y necesitan de materiales e insumos para diferentes actividades, por lo que se ven gravemente afectadas por la no actualización de los aranceles que determina el nomenclador.

La frase, cargada de impotencia y cansancio, resume con precisión quirúrgica lo que viven cientos de profesionales del país: aranceles congelados desde diciembre, pagos que llegan a los 90 o 120 días, autorizaciones frenadas sin explicación y una burocracia tan cruel como insensible que convierte cada trámite en una odisea.

Finalmente Brancatto anunció que el jueves 29 de mayo estarán en el Congreso a la espera de que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad que trataría la Cámara de Diputados de la Nación, porque “no pueden dejar sin estos servicios a las personas con discapacidad”.

«Los prestadores estamos hasta la nuca, por así decirlo, las personas con discapacidad y sus familias están en una situación realmente crítica», afirmó María Eugenia Gómez, licenciada en psicopedagogia.

Además, explicó: «Estamos en una encrucijada, porque más allá de los honorarios, nosotros respondemos a una ética profesional. No queremos ser funcionales a este sistema que termina vulnerando un montón de derechos de las personas con discapacidad. De ahí salió la movida de juntarnos todos los centros por zona. Aprendemos jugando, intentamos en las últimas de las instancias que implique una reducción de terapias para las personas con discapacidad».

Mientras tanto, las familias de niños con discapacidad ven cómo sus hijos quedan a la deriva. Sin terapias, sin acompañamiento, sin respuestas. «La verdad que a mí particularmente lo que más me duele es el tema de cómo nos llegan las familias, en el estado de abandono que nos llegan esos niños. Uno tiene que contener, no solamente desde lo administrativo, es un peso enorme por todo lo que tienen que atravesar las familias con personas con discapacidad», dice Gómez, con la voz entrecortada. «Y eso es lo que más me duele: contener desde lo terapéutico, pero también desde lo humano, cuando el Estado les soltó la mano».

El proyecto de ley, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá en la Cámara de Diputados este jueves 29 de mayo. El objetivo es declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad ante el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas y el desfinanciamiento sostenido del sector.

La emergencia establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres protegidos y que actualmente cobran 28 mil pesos mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023.

A su vez, el proyecto de ley solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500 mil solicitudes.

La sesión en la Cámara de Diputados, pedida por la oposición, esta prevista para el jueves a las 11 horas y, en caso de que obtenga media sanción, deberá pasar a votarse en el Senado.