El juez federal Norberto Guillermo Costabel hizo lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba y determinó que Báez regrese a la cárcel común para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero en la causa conocida popularmente como “La ruta del dinero K”.

Según se detalló, ya fue trasladado al predio del Escuadrón 42 Cabo Víctor Manuel Guerrero, ubicado el centro de El Calafate, perteneciente a la Gendarmería Nacional. El operativo se concretó antes de que se difundiera públicamente la orden impartida por el juez.

El condenado de 69 años cumplía arresto domiciliario en una de sus estancias en la Patagonia. Su sentencia había quedado firme a fines de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó todos sus recursos. Por eso, el fiscal del juicio presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que pedía que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicitaba que lo que falta por cumplir lo cumpla en la cárcel.

A partir de esta solicitud, Costabel, quien está cargo de la ejecución de la condena, resolvió que el empresario santacruceño regrese a la cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Junto con Costabel, firmaron el acta los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, miembros del Tribunal Oral Federal N°4.

Báez cumple desde hace casi un año la prisión domiciliaria en El Calafate. Según consignó La Nación, vive en una casona de dos plantas de líneas modernas con rejas negras y caseta de seguridad que tiene vista al Lago Argentino. El empresario porta una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos las 24 horas. De acuerdo con el relato de diferentes testigos que transitan habitualmente la costanera Presidente Néstor Kirchner, sitio ubicado frente a su casa, el condenado suele ser visto en el jardín de la vivienda o bien en la puerta recibiendo algún envío.

La Corte Suprema votó por mayoría por confirmar la condena. Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces lo hicieron a favor, mientras que Carlos Rosenkrantz lo hizo en disedencia y se pronunció a favor de enviar el caso a la Procuración.

La causa en contra de Lázaro Báez

La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal. El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a uno los principales acusados contando dólares en La Rosadita, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.

El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales, generalmente con bajos controles fiscales, a nombre de otras empresas. Luego, se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción SA (ACSA).

El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, Chueco, Federico Elaskar y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.