La Dirección Provincial de Vialidad, a cargo del ingeniero Javier Caffa, reparó la ruta provincial N° 3 en el tramo comprendido entre Colonia Pilagá y Loma Monte Lindo. Fue luego de un planteo efectuado por la Defensoría del Pueblo en nombre de usuarios y productores que utilizan ese trazado.

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Esta ruta es una vía transversal de aproximadamente 200 kilómetros que conecta el Sur con el Centro-Norte de la provincia, uniendo la localidad de El Colorado, pasando por la intersección con la ruta nacional N° 81 y extendiéndose hacia la zona Norte hasta la ruta nacional N° 86.

Dicho sector presentaba profundos y múltiples baches que dificultaban el normal tránsito, especialmente durante los días de lluvia, cuando los vehículos debían realizar maniobras evasivas peligrosas, situación que también afectaba a los camiones de gran porte.

“Con fondos provinciales se procedió a su reparación, permitiendo de esta manera que tanto los particulares como el transporte de carga se desplacen sin inconvenientes por esta importante traza local”, señalaron, “a pesar de los fuertes recortes presupuestarios del Gobierno nacional en todo lo relacionado con la obra pública y de la falta de coparticipación de fondos específicos, que no son girados desde hace más de dos años”.

Impuesto a los combustibles

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, indicó que desde el 1 de febrero, cargar nafta o gasoil en la Argentina es nuevamente más caro. No por una suba internacional del crudo ni por una mejora en la calidad del servicio, sino porque el Gobierno nacional decidió aumentar los impuestos a los combustibles.

El incremento llegó a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se actualizan por decreto. En términos concretos, la carga impositiva subió alrededor de 17 a 18 pesos por litro en la nafta y más de 16 pesos por litro en el gasoil, cifras que se trasladan casi de manera directa al precio final en el surtidor.

“Lo más grave no es sólo que suban los combustibles sino que el Estado nacional se queda con ese impuesto que cada ciudadano paga al cargar un litro, sin cumplir con el destino que la propia ley establece: financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales, entre otras afectaciones específicas”, remarcó.

A esto agregó que las rutas nacionales llevan al menos dos años de abandono, con tramos destruidos, señalización inexistente, banquinas intransitables y un riesgo permanente para quienes transitan por ellas.

“A ese deterioro heredado del último tramo del Gobierno de Alberto Fernández se le suma ahora una decisión política del Gobierno de Javier Milei: cobrar el impuesto pero no ejecutar las obras”, cuestionó el funcionario.

“Hasta el momento –advirtió finalmente-, no existe información clara ni pública sobre el destino concreto de lo recaudado con el impuesto a los combustibles. No hay cronogramas de obras, no hay informes detallados ni balances accesibles para la ciudadanía. Lo único tangible son los aumentos permanentes en los surtidores”.