En ese circuito administrativo aparecen tarjetas corporativas estatales donde figuran la propia secretaria general, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem.

Por la Resolución 35/2026, suscripta por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero, el Fondo Rotatorio 2026 de la Secretaría General quedó fijado en $1.135.112.226,90. El año anterior, ese mismo fondo había sido de $471.581.570,04.

El salto fue de casi $664 millones. En doce meses, la caja se multiplicó por 2,4: un aumento de alrededor del 141%.

La misma resolución autorizó gastos individuales de hasta $50 millones por operación y exceptuó de ese tope a tres rubros: servicios básicos, todo lo relacionado con los viajes presidenciales y débitos por embargos.

Ese es el fondo de gastos operativos de manejo flexible de la Casa Rosada. Una caja reconocida oficialmente, superior a los mil millones de pesos, desde la cual se atienden pagos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otros gastos previstos por el régimen de fondos rotatorios.

A partir de un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General admitió la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios activos de la plataforma «Corporativa Nación».

Sin embargo, el Gobierno nacional se negó a entregar los resúmenes mensuales, consumos, comercios, proveedores, montos, tickets y rendiciones que habían sido expresamente solicitados.

El informe oficial detalla que Karina Milei figura bajo la órbita de la Secretaría General Privada con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888.

Por su parte, Victoria Villarruel aparece registrada con dos plásticos dentro del Fondo Rotatorio: uno asignado al subagrupador de Viáticos y Eventuales (terminación 7961) y otro bajo el concepto de Anticipos (terminación 7755).

En tanto, Eduardo «Lule» Menem cuenta con una tarjeta recargable terminada en 8045 y figura como Administrador Centro de Costo de su área. En la nómina también aparece el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, con un plástico terminado en 6086.

La documentación expone una particular coincidencia: los propios funcionarios encargados de administrar y controlar la millonaria caja son quienes poseen los plásticos. Gabriela Winnik (titular de la Dirección General de Administración) y Marcelo Luque Mariño (coordinador de Movimiento de Valores) figuran con tarjetas de crédito vigentes del circuito de fondos rotatorios.

La omisión de los gastos generó fuertes sospechas, ya que el propio convenio con el Banco Nación detalla que la plataforma permite consultar en línea y de forma inmediata los consumos, la identificación de comercios y el detalle de cada transacción.

Asimismo, los instructivos internos establecen que toda rendición debe tramitarse obligatoriamente mediante expediente electrónico GDE con sus respectivos comprobantes y firmas digitales, registros que la Casa Rosada decidió no transparentar.

Por último, el área de Sumarios de Presidencia reconoció que el pasado 6 de abril se emitió un informe final sobre una investigación disciplinaria vinculada al uso indebido o no autorizado de tarjetas corporativas.

Si bien las autoridades aseguraron que se propuso el cierre de la actuación por inexistencia de perjuicio fiscal, el Gobierno tampoco permitió el acceso al expediente para verificar qué hechos o qué funcionarios estuvieron bajo sospecha.