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La UBA hará clases públicas antes de la Marcha Universitaria y crece la tensión por el financiamiento

La UBA hará clases públicas antes de la Marcha Universitaria y crece la tensión por el financiamiento

En distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires habrá clases abiertas para reclamar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso; mientras docentes, estudiantes y rectores anticipan una movilización multitudinaria para mañana martes.

La Universidad de Buenos Aires en pie de guerra con el Gobierno nacional.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

En la previa de la cuarta Marcha Universitaria, la Universidad de Buenos Aires impulsará este lunes una jornada de clases públicas en distintas facultades de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca reforzar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras crece el conflicto entre las casas de estudio y el Gobierno nacional.

La actividad comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 19 en sedes de Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria. Desde la UBA explicaron que el objetivo es “visibilizar la importancia” de la norma aprobada por el Congreso, cuya implementación sigue frenada tras la judicialización impulsada por el Poder Ejecutivo.

En la Facultad de Ciencias Económicas habrá materias vinculadas a contabilidad y matemática durante la mañana, mientras que por la tarde se dictarán cátedras orientadas a costos y actuarial. La jornada también incluirá exposiciones abiertas encabezadas por autoridades universitarias.

Por otro lado, en Derecho, el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas desde las 10.30. En Medicina, participarán Luis Ignacio Brusco, Pablo Rodríguez y Pablo Evelson en una actividad conjunta desde las 11.30. Veterinaria también se sumará con una exposición académica sobre anatomía animal.

La movilización principal será este martes 12 y tendrá como epicentro Plaza de Mayo. Allí se unirán gremios maestros, estudiantes, rectores y trabajadores no docentes para reclamar mayores partidas presupuestarias y denunciar el deterioro salarial dentro del sistema universitario.

Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias destinadas a las universidades sufrieron una caída del 45,6%, situación que impacta en el funcionamiento académico, científico y sanitario. Además, aseguran que ocho de cada diez docentes perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Desde los sindicatos universitarios apuntaron directamente contra la gestión de Javier Milei. Clara Chevallier, secretaria general de Conadu, sostuvo: «El Gobierno viene dando manotazos de ahogado, tratando de bloquear judicialmente una ley que fue votada y sancionada en dos ocasiones por el Congreso nacional». La dirigente sindical también vinculó la protesta con el malestar social y contó otro de los objetivos de esta marcha: «Para este martes esperamos una marcha masiva que, además de defender a la universidad, sirva para articular esas broncas que estamos viviendo de forma privada, de manera aislada. Esperamos que el 12 de mayo sea el comienzo del fin de este gobierno“.

Otra de las declaraciones destacadas es la de Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, advirtió sobre el impacto del ajuste en los estudiantes. “Reconocemos que hay una transferencia directa del ajuste hacia las universidades nacionales, que tienen enormes dificultades para garantizar el funcionamiento básico», afirmó.

La referente estudiantil sostuvo la indigna situación laboral que conlleva a la explotación debido a la falta de dinero: “Los estudiantes vivimos en una situación de pluriempleo y, al igual que los docentes, tenemos que sostener dos o más trabajos para poder subsistir. Cada vez más alumnos abandonan las aulas, por no poder costear gastos de transporte, materiales de estudio y demás».

En la misma línea, Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, planteó: “Ahora más que nunca, la manifestación del 12 tiene que ser contundente. Un país recordándole a un presidente por qué es importante cumplir con la ley». Mientras que Beatriz Gentile, titular de la Universidad Nacional del Comahue, afirmó: “Sobran los motivos para seguir defendiendo a la universidad, al sistema científico, al sistema tecnológico».

También hubo advertencias por la situación de los hospitales universitarios. La UBA denunció falta de recursos para sostener insumos y equipamiento, mientras que Nación respondió que las partidas fueron transferidas correctamente. En lo que va de 2026, apenas se ejecutó el 10% del presupuesto destinado a esos centros de salud.

Reforma laboral: la CGT sale a la calle, pero no habrá paro general

Reforma laboral: la CGT sale a la calle, pero no habrá paro general

La central obrera resolvió movilizarse el miércoles durante el debate en el Senado de la reforma laboral, aunque descartó un paro general.

La CGT se movlizará contra la reforma laboral pero no habrá paro general.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse contra el Gobierno nacional, esta vez para rechazar la reforma laboral que comenzará a debatirse el miércoles próximo en el Senado. Dispuso además que no habrá un paro general.

La protesta se realizará desde las 15 en la Plaza del Congreso y será “multitudinaria y contundente”, aunque sin un paro general, una decisión que expuso las tensiones internas dentro de la central obrera.

La definición fue adoptada este mediodía durante una extensa reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo 802. Allí se impuso la postura del sector dialoguista del triunvirato que conduce la CGT, que consideró prematuro avanzar con una huelga general y apostó a mantener abiertos los canales de negociación para introducir cambios en el proyecto oficial.

En conferencia de prensa, el cotitular de la CGT Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y remarcó que la resolución del conflicto es “política” más que gremial.

En ese sentido, trasladó la responsabilidad a los legisladores nacionales: “Ahora son los senadores y diputados los que tendrán que poner en claro si defienden los intereses de los trabajadores”.

Sola detalló que la central ya expresó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de representantes de las pequeñas y medianas empresas. También dejó abierta la posibilidad de futuras medidas de fuerza: “Esto es una batalla larga. El recurso del paro general no está descartado”.

Un debate intenso

El debate interno fue intenso. Sectores del transporte nucleados en la CATT propusieron un paro de 12 horas para facilitar la asistencia a la movilización, mientras que Sebastián Maturano, de La Fraternidad, planteó una huelga de 48 horas.

Sergio Palazzo, de La Bancaria, reclamó que la CGT avale formalmente los ceses de actividades y que la marcha sea parte de un plan de lucha escalonado. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas reunió el consenso necesario.

Uno de los factores que pesó en la decisión fue el recuerdo del último paro general, realizado en abril del año pasado, cuando la UTA no se plegó y el impacto de la medida se vio atenuado. Además, el ala moderada de la CGT confía en que todavía es posible morigerar el alcance de la reforma durante su tratamiento parlamentario.

Pese a que no habrá una huelga nacional, cada sindicato quedó facultado para disponer paros parciales o cese de tareas para permitir que los trabajadores participen de la movilización. De hecho, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó que realizará un paro desde las 10 del miércoles para facilitar la asistencia de sus afiliados al Congreso. Otros gremios analizan medidas similares.

Modificaciones

Tras la reunión, Andrés Rodríguez (UPCN) advirtió que la discusión continuará más allá del Senado: “Si se aprueba la ley en general, esperamos que en el tratamiento artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical”.

En la misma línea, Gerardo Martínez (UOCRA) afirmó que la estrategia es “seguir dialogando con todos los sectores que puedan influir en el rechazo de esta reforma” y anticipó que, si no prospera esa vía, recurrirán a la Justicia para impugnar los artículos que consideren inconstitucionales.

Aunque las críticas al proyecto son duras, en la conducción cegetista ya dan por descontado que la reforma laboral terminará convirtiéndose en ley. Por eso, los esfuerzos se concentran en lograr cambios puntuales, sobre todo en aquellos artículos que afectan el financiamiento sindical y el sistema de obras sociales.

Según trascendió, el Gobierno estaría dispuesto a conceder algunas modificaciones: mantener las cuotas solidarias para los sindicatos y eliminar el artículo que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales, una rebaja que implicaría una pérdida de hasta 700 millones de dólares anuales.

En cambio, quedarían intactos los puntos más cuestionados por la CGT, como la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, la prioridad de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad y las restricciones a las asambleas.