En diálogo con La Mañana, la fiscal de Instrucción y Correccional N° 4, Dra. Natalia Tafetani, detalló el accionar local, con la colaboración de asistentes fiscales, licenciada Tatiana Lessa y Dra. Graciela Sosa, destacando la identificación de perfiles con características pedófilas y la preservación de evidencia clave para avanzar en las investigaciones.

Operativo

Esta fue la quinta edición del operativo «Aliados por la Infancia», iniciado en noviembre de 2024, y culminó con allanamientos el 26 de agosto de 2025; es una acción conjunta liderada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF-CABA), en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y agencias como el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Esta edición se expandió a 15 países, incluyendo Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, además de Argentina. En el país, se realizaron procedimientos en 12 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

La investigación se basó en alertas generadas por plataformas como ICACCOPS y CPS, que monitorean redes peer-to-peer (P2P), similares a un «gran grupo de WhatsApp», según describió la fiscal, pero más complejas, donde los miembros actúan como servidores y usuarios para compartir y consumir MASI.

“Para ingresar a estas redes se requirió de una infiltración por agentes encubiertos digitales. En total, se investigaron más de 100 usuarios en Argentina, resultando en 73 allanamientos nacionales y el secuestro de 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 electrónicos varios, 32 notebooks, 20 PCs, 11 tablets, 4 elementos no digitales y un arma. A nivel internacional, se reportaron detenciones adicionales, como ocho en Perú y procedimientos en España, donde se originó parte de la alerta inicial.

En Formosa

En Formosa, la participación se enmarcó en convenios provinciales y nacionales con NCMEC, adhiriéndose a la Red Federal de Fiscales contra la Trata y Explotación de Personas. La Dra. Tafetani contó que se recibió una lista de objetivos desde agencias internacionales, identificando uno dentro de la red P2P y agregando otro de manera independiente, basado en investigaciones locales sobre acceso a material ilícito.

Los allanamientos en Formosa se iniciaron a las 7 de la mañana del 26 de agosto, en coordinación con procedimientos globales que comenzaron a las 3 a.m. para evitar fugas o destrucción de evidencia. Cada jurisdicción respetó limitaciones constitucionales, pero se mantuvo comunicación constante vía grupo de fiscales para reportar avances en tiempo real.

En la provincia, se intervinieron dos domicilios, denominados «Objetivo 1» y «Objetivo 2», bajo órdenes judiciales de los jueces Dr. Marcelo López Picabea y Dr. Guillermo Caballero.

El equipo operativo incluyó personal de la División de Delitos Complejos, a cargo del comisario inspector Héctor Candia, y la Policía Científica, liderada por el comisario mayor Jorge David. Se desplegaron fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, junto a la Policía provincial.

Antes de los allanamientos, se realizaron meses de vigilancia: investigación de domicilios, movimientos, conectividad y horarios de conexión, con conocimiento previo de los jueces para garantizar la solidez de las medidas intrusivas.

“Durante los procedimientos, se utilizó tecnología avanzada para un «triage» (análisis in situ) autorizado judicialmente. Esto involucró conectar computadoras especializadas con programas forenses para examinar dispositivos en el lugar y seleccionar material relevante, evitando la pérdida de evidencia sensible. Los allanamientos se extendieron por más de una hora en algunos casos, debido a la preparación previa y la necesidad de buscar dispositivos ocultos, que pueden ser muy pequeños y escondidos en cualquier parte”, describió la fiscal.

Como resultado, se identificó al menos a un sospechoso con «características pedófilas», basado en perfilación inicial.

Aunque inicialmente no se reportaron detenciones inmediatas, fuentes judiciales confirmaron posteriormente la aprehensión de una persona en Formosa, alineándose con el saldo nacional de 22 detenidos.

Los imputados enfrentan cargos por tenencia, producción, distribución o facilitación de MASI, conforme a los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino, que incluyen grooming y acoso sexual en línea. El delito permite libertad condicional inicial, por lo que las investigaciones continúan para evaluar la privación de libertad.

Secuestros

Los secuestros en Formosa fueron exhaustivos, enfocados en dispositivos que podrían contener o haber facilitado el acceso a MASI. Se incautaron varios celulares; notebooks, dispositivos de almacenamiento (pendrives, discos externos, tarjetas de memoria) y material digital relevante encontrado en un dispositivo oculto, incluyendo «alguna línea» de evidencia interesante para la investigación.

Todos los elementos se preservaron en bolsas especiales anti-inalámbricas para impedir accesos remotos que borraran datos, un riesgo común en estas redes donde los miembros se alertan mutuamente. La Policía Científica se encargó del traslado y análisis posterior, evitando manipulaciones que podrían invalidar pruebas.

La Dra. Tafetani enfatizó que «perder un equipo en el camino son informaciones muy sensibles», destacando el trabajo coordinado desde antes de la feria judicial para mapear evidencias. Se evitaron acciones de borrado remoto gracias a la sincronía internacional y la preparación, aunque en casos previos han ocurrido destrucciones o fugas.

Casos anteriores

Las investigaciones en Formosa continúan bajo la Fiscalía, con pericias pendientes para confirmar la autoría. Los sospechosos están identificados como presuntos autores y se avanzará con análisis forenses para elevar causas a juicio.

Este operativo se suma a esfuerzos locales: Formosa ha detectado producción de material de abuso sexual infantil en procedimientos anteriores, incluyendo un caso con 4 a 5 víctimas en un mismo domicilio, ya elevado a juicio.

La provincia recibe “dos o tres” reportes semanales de NCMEC, que tardan 1 a 2 meses en investigarse con tareas de campo policiales. Se recibe asesoramiento de puntos de contacto en Buenos Aires, como la fiscal Daniela Dupuy, para optimizar procedimientos.

En ediciones previas de «Aliados por la Infancia», Formosa participó en allanamientos coordinados, contribuyendo a desarticular redes similares. Este quinto operativo demuestra un «trabajo aceitado» con tecnología y coordinación federal, priorizando la intrusión justificada para proteger a menores.

Llamado a la Concientización

La Dra. Tafetani aprovechó para alertar sobre riesgos en plataformas como Roblox y Minecraft, fértiles para groomers que se hacen pasar por niños ante la posibilidad de interactuar entre los participantes. Recordó que MASI incluye no sólo pornografía explícita sino cualquier foto de desnudez infantil. Instó a padres a fomentar confianza para que los menores denuncien, sin borrar chats o fotos, ya que esto destruye evidencia.

Para denuncias, se recomienda acudir sin manipular dispositivos a la Fiscalía de Instrucción y Correccional N° 4 (tercer piso de Tribunales, Formosa), a la Dirección de Policía Científica (calle Junín casi 9 de Julio, 24/7) o al Departamento de Informaciones (atrás de Comisaría Segunda, 24 horas).

«No advertir a los sospechosos ni borrar nada; traigan el teléfono o computadora tal como está», enfatizó. «Uno menos es un montón», concluyó, subrayando el impacto en sacar pedófilos de circulación.