Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de DDHH reafirmaron el reclamo de “memoria, verdad y justicia”
En un extenso documento, sectores que integran la Multisectorial denunciaron la vigencia de prácticas de impunidad, exigieron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y cuestionaron con dureza las políticas del Gobierno nacional
Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, organizaciones de derechos humanos, espacios sindicales y movimientos políticos y sociales difundieron un documento en el que reivindican la consigna histórica de “Memoria, Verdad y Justicia” y ratifican que “son 30.000 los detenidos desaparecidos” en la última dictadura militar.
El acto, convocado por la multisectorial integrada por gremios, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y de derechos humanos se desarrolló bajo la consigna: “30.000 presentes”, en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.
La concentración comenzó alrededor de las 18 horas en la plaza San Martín, desde donde los participantes marcharon hasta la intersección de avenida 25 de Mayo y Moreno, denominada por los organizadores “La esquina de la memoria”, lugar habitual de concentración en esta fecha. Allí se desarrolló el acto central, que incluyó la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones, además de intervenciones artísticas, poesías, música y representaciones teatrales.
El documento de las agrupaciones que convocaron al acto, repasa el accionar del régimen encabezado por las Juntas Militares, al que define como un “genocidio” sostenido por sectores civiles, empresariales y eclesiásticos, y señala que el terrorismo de Estado implicó secuestros, torturas, asesinatos y apropiación de niños nacidos en cautiverio.
Uno de los momentos centrales fue la lectura de la lista de personas desaparecidas de la provincia, en un contexto que busca mantener viva la memoria sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Asimismo, se describe el funcionamiento de más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país, incluyendo varios en la provincia de Formosa, donde operaron dependencias militares, policiales y de fuerzas de seguridad. También se menciona la articulación represiva regional en el marco del Plan Cóndor.
El documento destaca la lucha de los organismos de derechos humanos, que permitió avanzar en el juzgamiento de los responsables, pese a las leyes de impunidad y los indultos de las décadas posteriores. En ese sentido, se subraya que desde la reapertura de los juicios en 2003 se dictaron cientos de condenas, aunque advierten sobre demoras judiciales y el elevado número de imputados fallecidos sin sentencia.
En el plano local, se enumeran causas emblemáticas desarrolladas en Formosa, con condenas a exmilitares, policías y funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, las organizaciones expresaron preocupación por la situación actual, al denunciar un “retroceso” en las políticas de derechos humanos, la reducción de recursos destinados a espacios de memoria y la falta de aporte estatal a las investigaciones judiciales.
El documento también incluye fuertes críticas al Gobierno nacional, al que acusan de promover políticas de ajuste, represión de la protesta social y discursos negacionistas sobre los crímenes de la dictadura.
Finalmente, se convoca a la movilización y a la continuidad de la lucha por justicia, al tiempo que se rechaza cualquier intento de “punto final” o reconciliación con los responsables del terrorismo de Estado. “No hay vuelta de página posible”, concluyen, al reafirmar el compromiso con la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos.