Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El proyecto garantiza a los tecno-ricos un “derecho adquirido, asimilable al de propiedad”, que no puede ser alterado por normas posteriores. Tal como expresa el artículo 24, habilita arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver conflictos entre empresas y el Estado. Es decir, coloca tribunales internacionales por encima de la justicia local.

El texto aprobado afirma que se busca dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

Sobre los beneficios impositivos extraordinarios que el proyecto garantiza a los tecno- ricos, se destaca una alícuota reducida del 15 por ciento en ganancias en lugar del rango de entre 25 y 35 por ciento que pagan el resto de las actividades. Diego Giuliano, diputado de Unión por la Patria, señaló que “es legislar en el lugar equivocado” e indicó que la iniciativa “compromete 8 presidencias y 16 períodos legislativos”. Lo calificó como “un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las pymes”. En efecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el RIGI generará un costo fiscal para el Estado de al menos 1.069 millones anuales de dólares y que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial.

Por si fuera poco, el arancel para importaciones y las retenciones para exportaciones, pasarían a cero para las empresas bajo este régimen. Además, les otorgarían “libre disponibilidad progresiva de divisas”, que quiere decir que la obligatoriedad de pasar por el BCRA para la liquidación de divisas se reduciría progresivamente:

• Primer año: disponibilidad del 20%.
• Segundo año: disponibilidad del 40%.
• Tercer año: disponibilidad del 100%.

Es decir, un esquema hecho para que en Argentina no quede ni un solo dólar.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió sobre la posible concentración de rubros favorecidos. «En sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”, reprochó.