Según esos voceros, tras la promulgación de la nueva norma, las grandes empresas como Massalin (Philip Morris), «redujeron drásticamente los precios de sus productos, con el objetivo de monopolizar el mercado y eliminar la competencia».

«Esa estrategia -agregaron-resultará una caída significativa en la recaudación de impuestos, afectando negativamente las subvenciones a los productores tabacaleros, los fondos de la ANSES y los recursos del Ministerio de Salud, que ahora enfrenta mayores gastos debido al aumento del consumo de tabaco».

Las mismas fuentes indicaron que esta maniobra «es una manipulación» y que el Gobierno Nacional «está evaluando la posibilidad de aumentar el impuesto al cigarrillo hasta un 75%».

Por su parte, la Cámara de Tabacaleras PYME (UNTAPYA), considera esta situación «como un engaño planeado, en el que las provincias tabacaleras, el Congreso, la Justicia y diversos actores políticos y económicos han actuado en coordinación con las grandes tabacaleras para derogar el impuesto mínimo y favorecer sus propios intereses».

Rebaja de la recaudación impositiva

Voceros de las tabacaleras nacionales «durante los seis meses de discusión sobre la Ley del Tabaco, se argumentaba que la derogación de la ley anterior era esencial para aumentar la recaudación, equilibrar el mercado, reducir el consumo y contribuir más al sistema de salud, que enfrenta más de 45,000 muertes anuales por enfermedades relacionadas con el tabaquismo».

«Sin embargo -añadieron- el informe de la Consultora ABECEB, dirigido por el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica que prometía un aumento recaudatorio de 315 millones de dólares este año y de1,400 millones entre 2025 y 2026, ha resultado ser contraproducente».

Por último, se indicó que «las Pymes tabacaleras nacionales se ven obligadas a aumentar sus precios para hacer frente al incremento de impuestos y sobrevivir sin el respaldo de casas matrices que financien sus pérdidas operativas. En un mercado donde no se permite el marketing ni la publicidad y la calidad de las marcas caras y económicas, es similar a las internacionales; estas medidas ponen en desventaja a las empresas nacionales frente a las multinacionales, perjudicando las arcas públicas y beneficiando a los intereses extranjeros».