La Ciudad avanzó con clausuras en la Villa 31
El Gobierno porteño clausuró obras consideradas clandestinas en distintos sectores de la Villa 31 y reforzó el control urbano en el marco de un plan integral de ordenamiento.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
La Ciudad de Buenos Aires clausuró nuevas construcciones consideradas clandestinas en la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro, como parte de un plan de ordenamiento urbano que busca frenar el crecimiento no autorizado dentro del predio.
Las intervenciones fueron realizadas por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que colocó carteles de clausura con el número de acta en los inmuebles inspeccionados. Los operativos se concentraron en propiedades cercanas a la Autopista Illia, la parroquia Cristo Obrero y el Paseo del Bajo.
“Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri a través de un comunicado.
Y agregó: “Por si a alguno no le quedó claro, está prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo. Ley y orden”.
Qué incluye el plan oficial
El Plan Integral de Ordenamiento apunta a recuperar el espacio público, fortalecer la capacidad de control estatal, combatir actividades ilegales y restablecer condiciones de orden urbano en un área de 72 hectáreas donde viven alrededor de 45 mil personas.
Según informó la Ciudad, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri se demolieron 10 edificaciones clandestinas, se intervinieron otras 10 construcciones ilegales y se clausuraron 5 corralones clandestinos.
El Gobierno porteño también informó el cierre de cinco locales de venta de celulares de procedencia ilegal, tres metaleras y tres depósitos de garrafas. Además, se removieron y compactaron 35 vehículos abandonados y se retiró chatarra equivalente a 40 camiones.
La administración porteña sostiene que la urbanización diseñada en 2016 no logró evitar un crecimiento urbano sin control ni alcanzar los objetivos de ordenamiento territorial previstos por la Ley 6.129.
El Ejecutivo decidió avanzar con medidas de fiscalización de construcciones, desalojo de terrenos usurpados y refuerzo de la seguridad. También señaló la existencia de un mercado informal vinculado a la venta de inmuebles, alquileres irregulares y comercialización de espacios aéreos dentro del barrio.
