La modificación establece la “inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil”, lo que implica que los menores acusados de estos delitos podrán ser juzgados bajo parámetros más cercanos al régimen de adultos. Además, incorpora la pena de prisión perpetua como una opción dentro del catálogo sancionatorio para jóvenes en conflicto con la ley.

Según el texto aprobado, la cadena perpetua no será de cumplimiento absoluto, ya que contempla revisiones periódicas para evaluar el nivel de rehabilitación del condenado y su peligrosidad, abriendo la posibilidad de acceder a una libertad controlada en determinados casos.

La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

El cambio legislativo fue respaldado por 58 de los 60 diputados del Congreso y se apoya en una reforma constitucional previa que habilitó la aplicación de la pena perpetua en delitos específicos. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca garantizar mayor seguridad a la población frente al accionar de las pandillas.

En esa línea, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, afirmó que la reforma brinda “tranquilidad” a las familias salvadoreñas al asegurar que quienes cometan estos crímenes no volverán a reincidir en libertad.

Cuestionamientos por su impacto en los estándares internacionales

La reforma generó críticas por parte de organismos de derechos humanos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de justicia juvenil. Desde Human Rights Watch señalaron que la aplicación de la prisión perpetua a menores contradice estándares internacionales, que establecen que las penas para niños deben ser más breves y orientadas a la reinserción social.

La directora para las Américas del organismo, Juanita Goebertus, indicó que incluso con revisiones previstas, que podrían darse tras 25 años de cumplimiento de la pena, la normativa se aleja de los principios que priorizan el interés superior del menor.

Además, advirtió que la medida se suma a otras reformas recientes que endurecen el régimen penal juvenil, como la posibilidad de que menores sean recluidos junto a adultos, lo que incrementa las preocupaciones sobre las condiciones de detención y las oportunidades reales de rehabilitación.

Pese a estas críticas, el Gobierno salvadoreño sostiene que la legislación mantiene compatibilidad con normas internacionales al contemplar mecanismos de revisión y evitar, según argumenta, sanciones absolutamente irrevisables.