La causa se originó tras denuncias de un diputado y de un organismo público de ciberseguridad francés. El eje central es el posible uso del algoritmo de X para amplificar determinados contenidos políticos, junto con el tratamiento de datos personales para publicidad segmentada.

Uno de los hechos que aceleró la investigación fue la difusión de un mensaje generado por Grok que replicaba una tesis negacionista sobre las cámaras de gas de Auschwitz. El sistema luego corrigió la información, pero el episodio quedó incorporado al expediente como evidencia del alcance del problema.

Las autoridades también analizan la generación de imágenes pornográficas de menores y deepfakes sexuales sin consentimiento. Estos contenidos habrían sido producidos por el sistema en respuesta a solicitudes de usuarios, lo que expone fallas en los mecanismos de control.

El caso se inscribe en un contexto de creciente presión internacional sobre X y xAI. Informes independientes señalan que la herramienta generó millones de imágenes sexualizadas en pocos días, lo que derivó en investigaciones regulatorias en Europa.

En el Reino Unido, el organismo de protección de datos abrió una investigación por posibles incumplimientos legales, mientras que la Unión Europea evalúa el impacto de estos sistemas en la difusión de contenido manipulado y en la protección de menores.

En paralelo, la Fiscalía de París intentó involucrar a autoridades de Estados Unidos al advertir que la difusión de estos contenidos podría haber sido utilizada para influir en la valoración de X y xAI antes de una eventual salida a bolsa. Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense rechazó colaborar.

A esta presión se sumó una nueva denuncia de Reporteros sin Fronteras, que acusa a la plataforma de permitir la circulación sistemática de desinformación. La organización sostiene que X no responde a los pedidos de remoción de contenidos y cuestiona la política de moderación aplicada por la compañía.