Entre las principales medidas del proyecto se encuentra el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. La iniciativa también contempla inhabilitaciones para operar en la Argentina y reemplaza la actual Ley 26.659, ampliando las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

El proyecto establece además la creación de un registro público de infractores y prohíbe al Estado y a los particulares contratar con las personas o entidades incluidas en él. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva legislación y establece restricciones a los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendrá como función coordinar áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

La iniciativa también contempla que el Consejo pueda disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente. Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones a las importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros. También se autoriza como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, luego de agotar otras instancias previstas en un protocolo de actuación.

En materia de seguridad y defensa, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales. También incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permite la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.

Marino cuestionó especialmente estas disposiciones y sostuvo que el proyecto combina las sanciones vinculadas con Malvinas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. “Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, afirmó el diputado en declaraciones a la Agencia de Noticias Argentinas.

El legislador, que el viernes pasado organizó en Diputados una audiencia informativa denominada “¿Soberanía o patio trasero?”, también cuestionó el funcionamiento previsto para el RePET. Según Marino, el registro podría incluir personas u organizaciones por “motivos razonables para sospechar” y permitir el congelamiento de bienes sin una orden judicial previa. Además, cuestionó las disposiciones referidas a la manipulación de la opinión pública y a las actividades vinculadas con financiamiento extranjero.

Marino también señaló como aspectos cuestionables la posibilidad de integrar radares de otros países al sistema nacional, instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y coordinar acciones con Estados extranjeros dentro del territorio argentino. El diputado sostuvo que esas disposiciones representan la incorporación al derecho interno de medidas que, según su interpretación, forman parte de políticas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos.

El proyecto comenzará a ser analizado formalmente este miércoles por las tres comisiones, en un debate que continuará hasta el 6 de octubre, cuando está previsto que se firmen los dictámenes. La discusión tendrá como eje las medidas específicas sobre la explotación de recursos en Malvinas, pero también abarcará el nuevo esquema de seguridad nacional, las atribuciones del Poder Ejecutivo, las disposiciones sobre inteligencia y las restricciones vinculadas con el financiamiento extranjero y el terrorismo.

El fallo, identificado como N° 351/2026 y firmado por el juez Omar Padilla, condenó a los cuatro integrantes del equipo periodístico a “cinco días de arresto”. La pena puede ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno de los comunicadores.

Milei había respaldado la resolución y arremetido contra los periodistas y el periodismo en general. En una publicación en redes sociales, calificó a los profesionales del medio como “basuras inmundas con micrófono” y afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su mensaje con la expresión “CIAO!”.

La sentencia consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. Los comunicadores habían viajado hasta el lugar para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante la cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron alrededor de dos horas mientras eran notificados de una denuncia. Según la reconstrucción del episodio, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López.

Posteriormente, López manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado. El caso derivó en la resolución judicial que sancionó a los cuatro integrantes del equipo por la actividad desarrollada durante la cobertura.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que los periodistas hayan sido sancionados por el ejercicio de su actividad profesional. ADEPA sostuvo que en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió sobre la criminalización de la labor informativa.

El destino de los dólares durante agosto

Respecto a la aplicación de las divisas que salieron del sistema:

-US$1.100 millones permanecieron depositados en el sistema financiero local.

-US$700 millones se transfirieron hacia activos en el exterior.

-US$900 millones se canalizaron al pago de consumos con tarjeta, turismo y servicios en el extranjero.

El registro de agosto llegó tras el récord en julio, cuando las compras brutas alcanzaron US$3.319 millones, el valor mensual más alto de 2026 y el mayor nivel observado desde octubre del año pasado. Con estos datos, el acumulado de compras brutas en los primeros ocho meses de 2026 ascendió a US$20.898 millones.

El comportamiento mensual de la demanda a lo largo del año mostró una evolución con variaciones marcadas. En enero, 1,6 millones de personas compraron US$2.613 millones. En febrero, las adquisiciones llegaron a US$2.368 millones y en marzo treparon a US$2.363 millones.

Abril registró US$2.727 millones. En mayo, el monto bajó a US$2.212 millones y en junio volvió a saltar hasta US$2.443 millones. Julio, como se dijo, marcó el máximo anual con US$ 3.319 millones.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas y alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La condena

Los cuatro recibieron una pena de cinco días de arresto, que puede ser sustituida por el pago de una multa de $282.550 para cada uno. Según la sentencia, fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa.

El episodio que originó la causa ocurrió durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 para el proyecto documental “Hambre de Futuro”. El equipo había llegado hasta la comunidad San José para realizar entrevistas y registrar imágenes sobre las condiciones de vida de sus habitantes.

Preocupación y rechazo de ADEPA

El criterio adoptado por la Justicia formoseña fue cuestionado por organizaciones periodísticas. ADEPA expresó su “profunda preocupación y rechazo” y objetó que una controversia relacionada con una cobertura periodística derivara en una sanción contravencional. La entidad sostuvo además que en la Argentina no se requiere una autorización estatal para ejercer el periodismo.

FOPEA también rechazó la sentencia y advirtió que la resolución puede implicar una “criminalización de la labor informativa”.

Las grabaciones tenían fecha, hora y visión nocturna. La mujer comenzó a buscar dónde podía estar escondida la cámara y recordó un reloj despertador que su pareja le había mostrado y que, según le había contado, había pertenecido a su padre y tenía para él un fuerte valor sentimental. Tras buscar información en internet, comprobó que el dispositivo contaba con una cámara oculta.

Después del descubrimiento, se comunicó con una amiga, su psicólogo y la Línea 144. También continuó revisando el contenido de la computadora porque desconocía qué otras imágenes podían existir y qué había hecho el hombre con ellas. Entre el material encontró además videos de otras mujeres y contenido descargado de OnlyFans. La fiscalía intenta determinar si el acusado difundió o comercializó alguna de esas imágenes.

La investigación incorporó una pericia psicológica que concluyó que la mujer presentaba un cuadro psíquico reactivo de magnitud grave, compatible con una afectación traumática vinculada con los hechos investigados. El informe describió pensamientos intrusivos, hipervigilancia, conductas evitativas, alteraciones del sueño, ansiedad persistente, temor intenso y una sensación de amenaza permanente que afectó su vida social, laboral y cotidiana.

Una amiga declaró ante la fiscalía que después de descubrir las grabaciones la mujer “ya no es la misma”. Según su testimonio, comenzó a llorar, perdió peso y permaneció en estado de alerta. En una oportunidad, alguien dejó un teléfono cerca de ella en un gimnasio y se bloqueó al pensar que podía estar siendo grabada. También sufrió angustia cuando una compañera de trabajo le tomó una fotografía sin avisarle.

La fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en Violencia de Género, explicó que el daño psicológico fue central para la investigación. “Los peritos que intervienen en situaciones de género y que buscan la existencia de un daño psicológico nos ayudan a comprender cuestiones que los abogados por ahí no podemos comprender, nos excede. Y en estos casos, los peritos psicólogos nos acompañan a tomar una decisión para que nosotros podamos llegar a una imputación”, señaló.

Según Ruffino, la calificación como lesiones graves se fundamenta en que el trauma requiere más de 30 días de curación. “Lesiones graves porque el tiempo de curación de un trauma claramente demanda más de 30 días. El Código te exige que para calificar un hecho como grave tiene que demandar más de 30 días de curación”, explicó. Y agregó: “En los casos de lesiones por daño psicológico no podemos nunca encontrar el límite. Quizás hasta incluso luego de agotada la pena, en el caso de que contenga una sentencia, probablemente ella no haya podido superar aún su trauma”.

La fiscalía también realizó pericias informáticas sobre los dispositivos utilizados para las grabaciones y logró extraer numerosas imágenes, aunque decidió no incorporarlas a la causa para preservar la intimidad de la víctima. Además del reloj y la computadora, fue secuestrado el teléfono celular del imputado, cuya pericia todavía estaba pendiente. La investigación también solicitó información a OnlyFans para establecer si el hombre tenía una cuenta y si pudo haber comercializado contenido.

El caso plantea además un vacío dentro de la legislación penal. La Ley Olimpia, sancionada en 2023, incorporó a la Ley 26.485 la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres y contempla conductas como la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material íntimo, además del acoso, las amenazas, la extorsión, el control, el espionaje y los accesos no autorizados. Sin embargo, reconocer una conducta como violencia no implica que exista una pena específica para ella en el Código Penal. En ese contexto, la investigación busca determinar si una conducta ejercida mediante tecnología puede ser considerada una lesión jurídicamente comprobable a partir del daño psicológico provocado.