“El Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no sólo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, aseguró el titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho. La manifestación se llevará a cabo bajo la consigna «Si hay veto, hay marcha».

La marcha federal universitaria tendrá lugar en un escenario complejo para el sector. Los rectores de todo el país realizaron esta semana una conferencia de prensa, en la que advirtieron que las casas de altos estudios se encuentran en «estado crítico». «La ley no es contra nadie, es a favor de todos. Esta situación no es nueva, hace un año el Congreso aprobó una ley similar que, a pesar de contar con el apoyo de la comunidad universitaria y la sociedad, fue vetada», recordó Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

“Empezaremos con un plan de gastos operativos, a limitar los horarios de luces. La UBA funcionará en un estado crítico para poder terminar el año”, describió Gelpi. A su lado, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, sumó: «Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, tal como la conocemos, si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026».

Qué determina la Ley de Financiamiento universitario vetada por Milei

Sancionada a fines de agosto por el Senado con 58 votos a favor, la norma encomendaba a la administración de La Libertad Avanza a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Además, incluía una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obligaba al Ejecutivo a convocar a paritarias.

Esto se explica por la acumulación de casi dos años en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin una actualización presupuestaria acorde, ya que la administración pública funciona con presupuestos prorrogados. Los decanos recordaron que esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno consideró que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

Después de la anulación presidencial de esa norma, los bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron formalmente un pedido de sesión para el miércoles a las 13, con el objetivo de discutir un amplio temario en el que se encuentran el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría.

Junto con estos temas centrales, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la ANDIS.

Otro tema que pone en aprietos al Ejecutivo dentro del temario es el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales al proyecto de modificación a la Ley 26.122 de marco regulatorio a los decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa cuenta con la media sanción del Senado.