Los datos surgen del primer Monitor de calidad del acceso a la vivienda, elaborado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA) sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El relevamiento analiza la situación de la vivienda en alrededor del 90% de la población del país.

La problemática de la emancipación juvenil se encuentra atravesada por severas deficiencias en las condiciones de vida. Según el informe, el 46% de los jóvenes que aún reside en su hogar de origen vive en estructuras con algún tipo de déficit habitacional. Esto significa que cerca de 1,2 millones de personas enfrentan carencias edilicias o de infraestructura básica incluso antes de haber alcanzado la autonomía residencial.

La metodología del OFAVA define el déficit habitacional a partir de un espectro amplio de vulnerabilidades. Este indicador contempla desde el allegamiento -situación en la que múltiples núcleos familiares comparten una misma vivienda- y los problemas de materialidad grave, hasta la falta de acceso regular a servicios esenciales como agua potable, baño con descarga y red de desagüe.

Frente a este escenario, los especialistas del observatorio estiman que la eventual emancipación de este segmento poblacional generaría una necesidad mínima de 500.000 viviendas nuevas. Esta demanda potencial podría encauzarse a través de la conformación de hogares en pareja, esquemas de viviendas compartidas o la absorción de unidades residenciales ya existentes en el mercado.

Crisis de vivienda: el panorama de los jóvenes en las provincias

El informe expone, además, una marcada heterogeneidad según la región geográfica. En el norte argentino se registran los niveles más altos de jóvenes sin independizar: Tucumán encabeza la nómina con el 56%, seguida por Santiago del Estero y Jujuy (ambas con el 53%), Salta (52%) y Catamarca (49%). En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta el indicador más bajo del país, con un 24%.

Por su parte, en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra a más de un millón de jóvenes en esta condición -el 40% del total nacional-, seguida en volumen por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El estudio ubicó al peronismo unido con el 31% de intención de voto, apenas tres décimas por encima de Milei, que obtuvo el 30,7%, dentro del margen de error del sondeo, con un alto número de consultados que aún no definió su voto: 24,7%.

Analogías caracterizó el escenario electoral como de una «polarización sucia», debido a la marcada paridad entre los dos principales espacios y al elevado porcentaje de electores que todavía no definió su preferencia.

La encuesta fue realizada a nivel nacional sobre 2.932 casos relevados entre el 5 y el 8 de septiembre y tiene un margen de error de +/- 2%.

El trabajo también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados y determinó que el oficialismo reúne un 34,3% al sumar a sus sectores «puros» y «moderados», mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%.

Según las conclusiones de Analogías, el Gobierno mantiene una base de apoyo cercana a los 34 puntos, mientras las opiniones opositoras rondan los 50 puntos y existe un segmento intermedio de aproximadamente 16 puntos.

La consultora señaló que ese sector está integrado predominantemente por personas que votaron a Milei en 2023 y 2025 y que actualmente expresan posiciones críticas hacia el Gobierno.

Dentro de ese segmento «en disputa», el 69,6% evalúa la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos y la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio indicó que allí prácticamente no se registra voto peronista y que el 55% responde que aún no sabe a quién votaría.

En cuanto a la situación económica personal, el 60,9% de los encuestados afirmó estar peor que un año atrás, frente a un 13,4% que manifestó encontrarse mejor.

Además, ante la disyuntiva entre priorizar «salario y empleo» o la «estabilidad de precios«, el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda. El relevamiento también mostró que el 63,1% considera que existe «mucha o bastante corrupción» en el Gobierno.

Ziliotto confirmó la presentación a través de sus redes sociales. “Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, afirmó.

El gobernador pampeano sostiene que el reclamo no se basa únicamente en el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías. Según su planteo, también existe un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ese acuerdo establece obligaciones vinculadas al pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Desde la provincia sostienen que el Estado Nacional no puede modificar unilateralmente un compromiso asumido junto con las dos jurisdicciones.

La disputa por el río Atuel y los recursos generados por Los Nihuiles tiene más de cinco décadas. El decreto 982/2026 eliminó el decreto 1560/73, que había establecido un reparto igualitario de las regalías.

Posteriormente, la ley 23.164, sancionada en 1984, elevó el porcentaje de regalías al 12%, con un 6% para cada provincia.

Actualmente, el monto anual que se distribuye ronda los 2,5 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos mencionados en el conflicto. Mendoza, además, sostiene que La Pampa debería devolver unos 680 millones de dólares más intereses correspondientes a regalías compartidas durante los últimos 53 años.

El gobierno mendocino considera que el nuevo esquema responde a la necesidad de definir las condiciones para una nueva licitación de la concesión de Los Nihuiles por los próximos 30 años.

“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, afirmó Ziliotto al cerrar su mensaje.

Aunque prevaleció una tendencia general a la desaceleración de los precios en relación con los períodos previos, la mayoría de los distritos presentó niveles de suba más elevados que el promedio general del país.

En el desglose territorial, seis distritos registraron subas de sus IPC superiores al registro nacional: lideró Neuquén con 2,3%, seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9%, mientras que Santa Fe, Tucumán y Córdoba exhibieron una suba del 1,8%.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la misma causa, junto con Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex-asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

El policía fue identificado como Marcelo Raúl Verón, un sargento primero de 52 años, quien se encontraba por subir a su Volkswagen Amarok cuando comenzó el enfrentamiento. Uno de los sospechosos recibió varios disparos y sus cómplices lo obligaron a un remisero a trasladarlo hasta la UPA 18, ubicada en el cruce de la Ruta 3 y la Autopista Presidente Perón. El joven llegó inconsciente al centro de salud y murió horas después.

Durante la fuga, uno de los integrantes de la banda escapó sobre el capot de un auto, según quedó registrado por una cámara de seguridad. Los delincuentes también interceptaron a un remisero de 39 años, identificado como Leonardo Gabriel Torres, cuando llegaba a su casa junto a su esposa. Bajo amenazas, le ordenaron que llevara al herido hasta el centro asistencial.

Sobre el capot de un auto: así escapó uno de los delincuentes

La víctima fatal fue identificada como Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años y domiciliado en Guernica. La investigación quedó a cargo de la UFI Especializada en Averiguación de Causales de Muerte y Homicidios, que deberá determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer la participación de los demás sospechosos.