Cabe recordar que en julio ya se había confirmado la baja de unas 60 mil pensiones. Ahora la idea es ir más a fondo con el objetivo del Poder Ejecutivo de asegurar que “no se le retire el beneficio a quien realmente lo necesita”.

En concreto, la Agencia Nacional de Discapacidad llevará adelante un control sobre las asignaciones que se entrega a beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Desde la agencia creen que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados podrían perder los haberes que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa entre 120 mil y 160 mil personas.

El motivo principal son las irregularidades de una gran parte de quienes cobran el mencionado refuerzo económico. Los principales afectados son aquellos cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal.

También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como  lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.

De acuerdo a los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (a noviembre de 2023), hay 1.680.723 total de personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En tanto, del total, 260.605 tienen una prórroga del CUD activa.

En la provincia de Buenos Aires se encuentran 678.237 mil personas con discapacidad registradas, lo que representa el 40% del total del padrón a nivel nacional. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aloja el 9,7%, poco más de 360 mil personas.

Con suma preocupación, desde el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis) manifestaron su rechazo a la iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A través de un comunicado, la entidad bonaerense comentó: “El organismo nacional pretende que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual”.

En esa línea, indicaron “que ese tipo de accionar vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos”. De igual modo, remarcaron que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.