Cuellar, de 68 años, es miembro del Congreso estadounidense por el estado de Texas desde 2005. Su casa y la oficina de su campaña en la ciudad texana de Laredo, de donde es originario, fueron allanadas por el FBI en 2022 en el marco de una investigación federal sobre Azerbaiyán.

El DOJ anunció en un comunicado que las dos entidades extranjeras involucradas serían una compañía de petróleo y gas de propiedad estatal de Azerbaiyán y un banco con sede en Ciudad de México, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades estadounidenses.

A cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista posiblemente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para dicho banco.

El otro caso que se sospecha

En el otro caso, Cuellar influía en la política exterior estadounidense a favor de la antigua república soviética de Azerbaiyán, en el centro de Asia.

Estos pagos supuestamente se blanquearon en virtud de contratos de consultoría ficticios a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios en compañías fantasma propiedad de Imelda Cuellar.

El matrimonio acumula dos acusaciones por cargos de conspiración para cometer soborno, dos cargos de soborno de un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de violación de la prohibición para que los funcionarios públicos actúen como agentes de un mandatario extranjero.

A esto se suma un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de blanqueo de capitales y cinco cargos de blanqueo de capitales.

Entre los dos, y teniendo en cuenta todos los cargos, se enfrentarían a una pena máxima de 204 años de cárcel.

Antes de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación, el mismo Cuellar quiso aclarar en un comunicado que, tanto él como su esposa, son inocentes y que todo lo que ha hecho en el Congreso «ha sido para servir a la gente del sur de Texas».