«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten la ley ante la Asamblea Nacional», indicó la mandataria ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial.

“Que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo”, aseguró Delcy Rodríguez, tras aclarar que esta iniciativa se había conversado con Maduro. También pidió a los futuros beneficiarios de la ley y a quienes ya fueron liberados en las últimas semanas que eviten «la venganza, la revancha y el odio».

En este nuevo proyecto de ley de amnistía general quedarían fuera las personas que se encuentren encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

El anuncio tuvo lugar en medio de un proceso de liberación con controversias: mientras el gobierno interino asegura haber dejado en libertad a más de 600 presos políticos, las organizaciones de derechos humanos verifican cifras sensiblemente menores. Incluso, advierten que muchas excarcelaciones todavía están sujetas a restricciones, como prohibiciones de salir de Venezuela o de hablar con la prensa.

La iniciativa de amnistía general fue recibida con cautela por las organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de que la ley incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y advierten que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”.

El cierre de un centro de detención

Durante la apertura del año judicial, Delcy Rodríguez anunció también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para su reconversión un espacio cultural y deportivo.

«En el marco del relanzamiento de la misión guardianes de la patria, que contemple programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de atención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto», sostuvo.

La cárcel, situada en la ciudad de Caracas, fue señalada en reiteradas oportunidades por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.