El hecho salió a la luz tras la denuncia de una sobrina de la víctima, alertada por vecinos que observaron movimientos extraños en la casa de la mujer.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, los imputados -un hombre y una mujer de 34 años, a cargo de un templo evangélico local- se aprovecharon de la vulnerabilidad emocional de la anciana, quien les había pedido asistencia luego de escuchar ruidos que creyó de origen sobrenatural.

De acuerdo con la investigación, los acusados conocían a la víctima desde 2023 y habían logrado ganarse su confianza. La maniobra comenzó a tomar forma este año, cuando la convencieron de asistir a reuniones religiosas y la llevaron a un supuesto agente policial que, según el expediente, la hizo firmar un boleto de compraventa de su casa por un valor ficticio de un millón de pesos. De ese monto, apenas le entregaron 15.000 pesos.

Vaciaron la casa de la anciana

Mientras tanto, entre fines de junio y principios de julio, la pareja vació la casa de la mujer, retiró sus pertenencias, mudó sus propios muebles e incluso inició remodelaciones.

También cambiaron la titularidad de los servicios domiciliarios y trasladaron a la anciana a la casa de un familiar de los imputados, donde permaneció encerrada en una habitación, incomunicada, sin documentos y sin acceso a su tarjeta de débito. Los acusados llegaron a controlar el cobro de su jubilación.

La situación se prolongó hasta el 28 de julio, cuando la sobrina descubrió que la vivienda había sido prácticamente usurpada y radicó la denuncia. A partir de allí, la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo instrucciones del fiscal Diego López Ávila, inició una serie de allanamientos.

En la vivienda de los acusados encontraron muebles y objetos de la anciana, así como documentación vinculada con la transferencia fraudulenta del inmueble.

El informe médico incorporado a la causa advirtió que la mujer presenta un “perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros”, lo que habría sido decisivo para que los imputados lograran consumar la maniobra. Los peritos remarcaron, además, que existía una clara “relación de superioridad” ejercida por la pareja, que habría utilizado su rol religioso para reforzar la confianza y el sometimiento.

Tras las imputaciones, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres meses de prisión preventiva, pero el juez del caso fijó 20 días de arresto domiciliario para la mujer, al considerar que tiene un hijo menor con discapacidad a su cargo. Ambos, no obstante, quedaron obligados a restituir la vivienda ubicada en Manuela Pedraza al 700 en un plazo máximo de cinco días, bajo apercibimiento de intervención de la fuerza pública.

En paralelo, una tercera persona podría ser imputada en los próximos días. La víctima, que actualmente vive con una sobrina “en condiciones precarias e incluso compartiendo la cama”, según la causa, espera recuperar definitivamente su hogar mientras avanza la investigación.