Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía siete empresas del sector tendrán que aplicar este índice para ajustar las cuotas por el plazo de 6 meses.

Esto significa que el nuevo valor de las cuotas de las prepagas, según la determinación del Gobierno, no debería superar lo cobrado en el mes de diciembre más la inflación, que acumula un avance del 51,6% entre enero y marzo.

Las proyecciones del Ministerio de Economía ubican al IPC de abril en alrededor del 10%. En consecuencia, según estimaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al valor de diciembre más el 70%.

El dictamen obliga además a las compañías a cesar cualquier intercambio de información y a aportar datos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre cantidad de afiliados y precios nominales de los planes de salud ofrecidos.

«La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre», remarcó el portavoz del presidente Javier Milei, y agregó: «El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista”.

La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse respecto del valor del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.

La medida alcanza a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

A la disposición, se suma la medida cautelar que presentó la Superintendencia de Salud ante la Justicia, para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.

“Este organismo no controla más los precios pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, aclararon.

De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.