“El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la Rama de Recolección y Barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”, indicaron en un documento.

Frente al intento del gobierno porteño de estatizar a los 300 choferes de grúas hoy encuadrados en Camioneros,. Pablo Moyano respondió con la decisión de trabajo a reglamento en toda el área de recolección porteño, marcando la primera escaramuza con la gestión de Jorge Macri.

“No hay paro de recolección de basura, sino que se trabaja bajo convenio, caminando con 15 minutos de descanso”, precisó el sindicalista, que también es cotitular de la CGT, en diálogo con radio El Destape. Y agregó: “Es una cosa de locos que un barrendero pague (el impuesto a las) Ganancias”. Cabe destacar que la aplicación de ese gravamen es responsabilidad del Gobierno Nacional y no de la Ciudad.

La respuesta oficial

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, se refirió a la medida de fuerza de Camioneros en una entrevista: “Es raro, porque en recolección no tenemos ningún problema con el gremio. Con lo cual, todo lo que se recolecte mal, estamos multando a las empresas. Pero si tenemos una discusión en una preadjudicación en una licitación de acarreo. Que no tiene nada que ver con esto”.

Además agregó: “Entonces parece que Camioneros tiene esta lógica que es ‘te aprieto donde crees que más duele’. A mi, si me van a querer llevar de prepo, va a ser difícil. Yo tengo experiencia, tengo firmeza”.

El origen del conflicto por las grúas

En 2022, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se estatizó el sistema de acarreo de vehículos mal estacionados y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

Luego, en diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio que el gobierno porteño está revisando: hay tres empresas que quedaron en la recta final en un negocio de 57 mil millones de pesos por 10 años de contrato. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está sospechada de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo cual explicaría, según funcionarios de la Ciudad, la reacción actual de los Moyano en un área sin conflictos como la de recolección de residuos.