La decisión deja sin efecto la orden judicial dictada a fines de septiembre por el juez Guillermo Ottaviano, quien había dispuesto la suspensión inmediata de toda obra o actividad que alterara el ecosistema y había prohibido aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas o fumigaciones que afectaran a los animales del Delta del Paraná.

Esa resolución, dictada tras un pedido de la asociación civil Callejero Casa Quiere, establecía además que Nordelta S.A. debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que evaluara los efectos pasados y futuros de las urbanizaciones sobre los humedales. Ottaviano había advertido en su fallo que las construcciones, cercos eléctricos, fumigaciones y tablestacados “fragmentan el ecosistema, impiden el libre tránsito y acceso al agua de la fauna, y causan la muerte de ejemplares de carpinchos”.

La jueza revocó medidas y unificó la causa

Sin embargo, Venere revocó esas medidas y además unificó la causa con una demanda presentada por once vecinos del barrio, que reclaman una respuesta frente a lo que describen como una “superpoblación de carpinchos”. En su presentación, esos residentes pidieron la relocalización de los animales, la práctica de vasectomías, la modificación del decreto que los declara fauna protegida y hasta su reclasificación como especie exótica o plaga no nativa.

Con la nueva decisión, vuelve a estar habilitada la posibilidad de aplicar métodos de control poblacional sobre los carpinchos, incluidas las castraciones químicas y las inyecciones anticonceptivas, así como la continuación de obras y fumigaciones que habían sido suspendidas por orden judicial.

La reacción de los defensores de los animales no se hizo esperar. La abogada María de las Victorias Silvano González, representante legal de Callejero Casa Quiere, anunció que apelará la revocación de la cautelar:

“Sabemos del poder de Nordelta S.A., pero los animales necesitan que se los proteja. Apelaremos esta decisión porque los carpinchos merecen ser defendidos”, señaló la letrada.

En la misma línea, Silvia Soto, vocera de la organización La Voz de los Carpinchos, expresó su preocupación por la medida judicial y por la unificación de expedientes.

“Es una locura. Los vecinos con los que se unificó la causa contrataron un biólogo que habla de eutanasia y faena de carpinchos. Estamos consternados. Esto va totalmente en contra de lo que había dictaminado el juez de primera instancia”, advirtió.

El conflicto en torno a los carpinchos de Nordelta lleva años y refleja la tensión entre el avance de las urbanizaciones privadas sobre zonas de humedales y la supervivencia de la fauna autóctona. Desde su aparición masiva en los barrios del complejo, los capibaras se convirtieron en símbolo de esa disputa: para algunos, representan una amenaza a la convivencia vecinal; para otros, son víctimas del modelo de desarrollo urbano que alteró su hábitat natural.