La intervención fue encabezada por el Departamento de Investigaciones contra la Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y tuvo como resultado el cierre de siete talleres textiles clandestinos y la detención de nueve personas acusadas de integrar una red mafiosa.

Las víctimas, entre las que había mujeres, hombres, niños y niñas, eran obligadas a trabajar en jornadas extenuantes, sin acceso a derechos laborales ni libertad de movimiento. No poseían documentación personal y vivían bajo condiciones de encierro, sin poder salir de los lugares donde trabajaban y dormían.

Uno de los aspectos más crudos revelados por el procedimiento fue la utilización del sistema conocido como “cama caliente”: los trabajadores se turnaban para dormir en las mismas camas, que nunca quedaban desocupadas. Mientras algunos descansaban unas horas, otros tomaban su lugar en la línea de producción. Esta práctica extrema evidencia la magnitud de la precarización y la deshumanización a la que eran sometidos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió un video en sus redes sociales donde mostró imágenes del lugar y calificó lo descubierto como “la esclavitud moderna del siglo XXI”. En tono contundente, denunció: “Esto es lo que se llama un taller de cama caliente. Acá, mientras uno trabaja, los otros duermen en esa cama. Es la forma en que utilizan a la gente que no tiene ningún tipo de derecho”.

Bullrich remarcó además el drama personal de las víctimas: “Está lleno de chicos, está lleno de mujeres. No saben ni dónde viven, no saben dónde están, no las dejan salir”.

El operativo, que según fuentes oficiales se desarrolló en una zona del conurbano que operaba como “liberada”, fue resultado de un trabajo de inteligencia, seguimiento e información brindada por denuncias ciudadanas. Tras la intervención, las víctimas fueron puestas bajo resguardo y recibieron asistencia integral por parte de equipos interdisciplinarios del Estado nacional.

“Este gran trabajo de la Policía Federal Argentina y del equipo de rescate ahora le va a dar un destino de vida y libertad a la gente que fue liberada”, expresó la ministra.

El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Buenos Aires, en los que se encontraron condiciones estructurales precarias, instalaciones eléctricas peligrosas y nula higiene. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que los imputó por delitos vinculados a la trata de personas y la reducción a la servidumbre.

Este caso vuelve a poner en el centro de la escena una problemática estructural que persiste en la Argentina: la trata con fines de explotación laboral, en muchos casos amparada por redes que operan con impunidad. La modalidad textil es una de las más frecuentes en el país, particularmente en zonas urbanas de alta densidad poblacional, donde la informalidad laboral y la marginalidad son moneda corriente.

Según cifras oficiales, desde la promulgación de la Ley 26.364 en 2008, más de 16.000 víctimas de trata han sido rescatadas en todo el país. Organismos internacionales y ONGs coinciden en que aún hay mucho por hacer, tanto en la prevención como en la protección de las personas liberadas y en la persecución judicial de los responsables.