Según se dio a conocer, reclamaron una mejora en las condiciones de operación al Gobierno nacional, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

“Bajo el principio de priorizar la paz social, y evitar un daño mayor tanto para usuarios, empresas y trabajadores, hemos arriesgado este acuerdo, con la confianza de que ni tarifa ni subsidios quedarán congelados en simultáneo hasta enero, ya que de otra forma será imposible pagar los salarios acordados, o comprar los insumos necesarios para sostener el servicio”, resaltaron AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA a través de un comunicado.

La paritaria con UTA prevé que los choferes pasen a cobrar en noviembre un salario básico de $1.140.00 y lleguen a $1.200.000 en enero. Esa negociación fue avalada por la Secretaría de Trabajo y permitió desactivar el paro que había anunciado el gremio para el jueves pasado.

Nuevo esquema de subsidios

Por su parte, el Gobierno dispuso implementar un nuevo esquema de distribución de subsidios al transporte público, vinculado a la demanda del servicio, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a través de la Resolución 45/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa de la Secretaría de Transporte dispone que el Ejecutivo pasará a otorgar los subsidios al transporte de pasajeros en base a la demanda del servicio en lugar de hacerlo en relación a la oferta del mismo, a partir de las liquidaciones correspondientes a octubre.

La medida, que también aprueba la Metodología para la Construcción de Tarifas Teóricas de Referencia, se aplicará a servicios de jurisdicción nacional en áreas urbanas y suburbanas del AMBA y en otras unidades administrativas establecidas.

La modificación en la forma de distribuir los subsidios se da en línea con un informe de la Auditoría General de la Nación del 2017, en el que recomendó “instruir las medidas necesarias para dotar de celeridad al proceso de redireccionamiento de los subsidios a la demanda del servicio, en lugar de subsidiar la oferta del mismo”.

En la misma dirección, aconsejó que “en la distribución de los subsidios del SISTAU incrementar la participación de parámetros vinculados al uso del transporte (demanda)” y al mismo tiempo consideró necesario “continuar incrementando la utilización de los datos SUBE para el cálculo de las compensaciones tarifarias a distribuir”.

A partir de esta actualización, el cálculo de los subsidios tendrá un incremento de la injerencia del sistema SUBE e incorporará parámetros basados en kilómetros recorridos reales, “para procurar incentivar la prestación efectiva de servicios”. Al respecto, se aclara que los kilómetros “deberán ser ajustados por el factor de estacionalidad correspondiente para cada mes”.

Con este mecanismo, los prestadores deberán demostrar una correlación directa entre el aumento de kilómetros y el crecimiento de la demanda, ya que “se establecerán controles periódicos en los kilómetros relevados para cada operador, de forma tal de detectar y desalentar la realización de prácticas improductivas y/o la realización de kilómetros que no tengan como respaldo un crecimiento de la demanda”.

En tal sentido, se aclaró que “siempre que se observen incrementos en las cantidades de kilómetros informados para cada línea y, que los mismos no se traduzcan necesariamente en una mayor cantidad de pasajeros transportados, serán considerados como ‘ineficientes’, y por lo tanto no serán considerados para el cálculo de las compensaciones”.

El texto oficial determinó que la distribución por demanda “consiste en el reintegro de las tarifas con descuento por aplicación de integración, atributos sociales y boletos estudiantiles, más la distribución de excedentes en base a ingresos ajustados por ‘tarifa teórica de referencia‘’”.