“Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, advirtieron desde la entidad que nuclea a más de un centenar de servicios educativos especializados.

Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó que el problema se agrava mes a mes: “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos -como los salarios docentes- sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”.

Según señalaron, la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con demoras de hasta 90 días, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios básicos e insumos. “La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso”, alertaron.

El impacto también alcanza a los niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes. “Miles de ellos necesitan apoyos como maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos o psicólogos, que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas”, explicó Giorgi.

El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Desde entonces, el deterioro económico acumulado ha llevado a que muchas instituciones reduzcan servicios, otras evalúen cerrar y la mayoría opere con déficit.

En La Matanza, por ejemplo, Alejandra Luciani, representante legal de la institución Portal del Sol, advirtió: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.

Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincidió: “La emergencia es real y requiere respuestas inmediatas”.

AIEPA enfatiza que, si la ley de emergencia no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar sus costos. “Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, concluyó Giorgi.

El reclamo apunta a que se actualicen los aranceles, se aceleren los pagos y se garanticen condiciones mínimas para sostener un sistema que -según remarcan- representa un derecho básico. “La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Puede presentarse en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo”, advirtieron desde AIEPA.