“Se ha privado de la libertad a un ciudadano argentino desconociendo por el momento los motivos de la misma (por la detención) y cuál ha sido la autoridad competente que la ha ordenado, contraviniendo palmariamente la ley”, señalaron los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez, al revocar un fallo de primera instancia que no había hecho lugar al habeas corpus de la fuerza de seguridad.

Los integrantes del Tribunal ordenaron a la Fiscalía de Distrito de Mendoza que investigue si se cometió «la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio» de Gallo. Y también resolvieron «tener presente y ratificar las presentaciones efectuadas ante los organismos internacionales que fueran efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de la República Argentina».

Esta novedad judicial ocurrió en simultáneo con una gestión realizada por el exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, que transmitió una carta de la familia al gendarme. El exdiplomático se refirió al caso y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patria Bullrich: «Hay una responsabilidad tan grande que hasta la Vicepresidenta de su gobierno (Victoria Villarruel) salió a decir que ella no lo hubiera autorizado».

Gallo fue detenido el 8 de diciembre pasado por las fuerzas de seguridad venezolanas, cuando ingresó a ese país desde Colombia. El objetivo de su visita, según explicaron su familia y el gobierno de Javier Milei, era visitar a su esposa y su hijo de dos años.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó días atrás la detención del gendarme y lo acusó de realizar tareas de espionaje. «Una persona fue detenida. Te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea?», expresó el funcionario, tras insinuar que el efectivo podría haber estado involucrado en una misión encubierta.

En su resolución, los jueces de la Cámara Federal de Mendoza reclamaron que las autoridades judiciales de Venezuela presenten «física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo ante las autoridades que designe a través de la vía diplomática el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, con el fin de ser asesorado por las mismas (art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares), facilitando asimismo el contacto con sus familiares».

«Nos encontramos ante una situación en la que se ha privado de la libertad a un ciudadano argentino desconociendo por el momento los motivos de la misma y cuál ha sido la autoridad competente que la ha ordenado, contraviniendo palmariamente de ese modo lo reglado por el art. 3 inc. 1° de la Ley 23.098, situación que habilita la aplicación de este instituto de excepción», explicaron los jueces.

Ante lo ocurrido, dijeron, el Poder Judicial «debe dar una respuesta urgente y expedita ante la situación de incertidumbre en la que se encuentra el Sr. Nahuel Agustín Gallo y sus familiares». Y concluyeron: «Entendemos que corresponde hacer lugar a la acción habeas corpus presentada por los representantes de la Gendarmería Nacional y proveer los medios conducentes a fin de dar con el paradero y conocer cuál es la situación procesal en la que se encuentra el mismo»