En el marco de la investigación, se detectaron más de 150 registros audiovisuales vinculados a las maniobras, una cifra que refleja la escala de la operatoria y la cantidad de personas alcanzadas por el esquema.

El caso tomó fuerte impulso tras la pólémica en redes por la viralización de testimonios de jóvenes que relataron haber sido contactadas mediante Instagram con propuestas para participar de supuestos castings audiovisuales, bajo una modalidad que comenzó a ser señalada como «Porno Castings». Según coincidieron en sus relatos, la oferta incluía un pago de 200 dólares y la promesa de que el material no sería difundido en Argentina.

«Me contactó vía Instagram. Me dijo que, si estaba de acuerdo, filmábamos el video en ese mismo momento. Soy de Tucumán y había alquilado un departamento temporario para la filmación. Pagaba 200 dólares antes de grabar y hacía firmar un contrato en el que decía que no se iba a difundir en Argentina. Solo pude sacarle fotos porque me dijo que no podía darme una copia. Lo hice porque mi ex me estaba pidiendo que le devolviera plata, me hostigaba para pagarle. Tenía una ansiedad grande y accedí por esa necesidad», relató una de las denunciantes.

De acuerdo con la investigación, el imputado contactaba a mujeres de entre 18 y 22 años a través de redes sociales, coordinaba encuentros en departamentos temporarios y registraba el material, que luego era editado y comercializado. En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que el acusado asumía todas las etapas del proceso, aunque no descartan otros participantes.

El operativo fue informado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que detalló que se logró desarticular la maniobra en el marco de un procedimiento realizado con intervención de la Policía Federal Argentina. Según se indicó, se detectaron más de 150 videos vinculados a las maniobras investigadas y se concretó la detención del principal sospechoso.

En el expediente se le imputaron ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de una situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. Además, se le atribuyó el delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena, que prevé penas de entre 8 y 12 años de prisión.

El caso presenta similitudes con antecedentes internacionales, como el de Girls Do Porn, en el que se ofrecían pagos a mujeres para participar de filmaciones bajo determinadas condiciones que luego no se cumplían. En ese expediente, la Justicia de Estados Unidos condenó a los responsables por delitos vinculados a fraude y tráfico sexual.

Mientras avanza la investigación, no se descarta que surjan nuevas denuncias en distintas provincias, en un fenómeno que expone los riesgos de las modalidades de captación a través de redes sociales y su impacto posterior en la vida de las víctimas. En ese contexto, varias participantes de los videos denunciaron que son víctimas de «acoso en redes» tras la viralización del caso y advirtió que expondrán a quienes la hostigan si no cesan los ataques. El caso promete seguir generando polémica.