La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa instó a que intervengan de manera urgente el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo;

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Además a la Secretaría Legal y Administrativa, a cargo de José Ignacio García Hamilton, y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y  Vivienda, a cargo de Rodrigo Aybar, para que antes del próximo 30 de octubre “resuelvan y den respuestas a la situación de miles de familias formoseñas que en su momento tomaron créditos del Banco Hipotecario en el marco del Programa Procrear II”.

En este sentido, la entidad aclaró que los préstamos les fueron otorgados a los beneficiarios, “ya sea para mejoramiento habitacional o para construcción de viviendas, habiendo sido los mismos suspendidos por el Gobierno nacional de Javier Milei, con el agravante de intimar a las adjudicatarias a devolver el dinero que ya han recibido, a través de futuros préstamos personales que se les concederían, venciendo el plazo para aceptar esta propuesta el 30 de octubre del corriente año”.

El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, advirtió que a fines del 2023 se habían entregado créditos procrear a más de 2.200 familias en nuestra provincia, algunas de las cuales habían comenzado a construir sus viviendas y estaban a la espera de los desembolsos pendientes para avanzar con las obras, a quienes únicamente les avisaron que se había decidido dejar sin efecto los mismos.

Por ello, el funcionario provincial consideró a esta decisión como “inentendible e imprudente”, debido a que “nadie está pidiendo que el Estado nacional les regale algo, sino más bien, que permitan a estas familias concretar el sueño de la casa propia, habiéndolas con esta medida, no solamente endeudarlas delicadamente, toda vez que, muchas de ellas vendieron vehículos y otros bienes para cumplir con sus obligaciones, a lo que se le suma que hoy se encuentran pagando un alquiler y no pueden terminar la casa que comenzaron a construir, a pesar de tener los créditos aprobados y los terrenos hipotecados”.

En este contexto, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se planteó que el Ministerio de Economía de Nación priorice la resolución de esta problemática, realizando los desembolsos pendientes de manera inmediata, coordinando con la Secretaria de Hacienda y el Banco Hipotecario, los fondos destinados al Programa Procrear II sin demora alguna.

A su vez, se requirió que se establezca un canal de comunicación eficaz para que los usuarios reciban información clara y actualizada, se reviertan las hipotecas impuestas que no estaban en las condiciones originales del programa y se garanticen la transparencia y remisión de cuentas en la gestión de los fondos fiduciarios.

Para finalizar, José Gialluca adelantó que esta semana se tomará una decisión desde ADPRA, que no excluye iniciar acciones judiciales contra aquellos organismos nacionales responsables de la situación mencionada, y detalló los correos electrónicos institucionales [email protected] y [email protected] de la Defensoría del Pueblo para enviar datos y antecedentes que podrían ser utilizados en los planteos ante la Justicia.