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Pidieron la indagatoria a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Pidieron la indagatoria a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González realizó este lunes el planteo ante el juez Julián Ercolini, quien ya llamó al expresidente a declarar por la Causa Seguros. Se lo acusa por tres delitos distintos.

El fiscal de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández pidió la citación declaratoria del expresidente.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El funcionario judicial acusó al exjefe de Estado de «dos hechos de lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja», por una «lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud» y «por coacciones hacia Yañez para no presentar la denuncia».

Los tres delitos, en caso de una condena, tienen una pena máxima de 18 años de prisión. La resolución fue transmitida a través de un dictamen de 159 páginas que ya está en manos del juez federal Julián Ercolini, quien ahora debe definir si cita a indagatoria al expresidente.

Se trata de una medida que el mismo magistrado ya la tomó el viernes pasado en otra causa contra Fernández, quien deberá concurrir el 20 de noviembre ante la Justicia para declarar en la investigación que se sigue por presuntos casos de corrupción en la contratación de seguros durante su mandato.

“El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, sostuvo la Fiscalía en su dictamen.

Luego, continuó: “Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yañez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

González dio por acreditado que el moretón en el brazo derecho que Yañez tuvo meses antes de agosto de 2021 fue producto “de un agarrón o zamarreo de Alberto Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos”. La imagen de esa herida se fue enviada por WhatsApp a María Cantero, por entonces secretaria de Fernández.

El segundo hecho de violencia física fue el moretón en el ojo derecho que Yañez dijo que fue por un golpe de puño durante una discusión en la cama antes de irse a dormir. Esta situación fue ubicada por el fiscal como ocurrida el 21 de junio de 2021. “De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández, quien supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España”, relató González.

Otra de las violencias que el fiscal entendió que el expresidente cometió fue la económica. “Mientras Fabiola Yañez residía en Madrid, condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del expresidente”, explicó González en su dictamen.

Citan a indagatoria a la mamá de Tini Stoessel

Citan a indagatoria a la mamá de Tini Stoessel

Mariana Lucía Muzlera de Stoessel, la madre de la cantante Tini, fue citada a indagatoria por la causa N° 55.924/21 en la que se la acusa del posible delito de «Hurto y Defraudación a un menor o incapaz» que le inició Maria Cristina Chaves, esposa de su padre, una mujer discapacitada visual de 82 años.

Citan a indagatoria a la mamá de Tini Stoessel

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Mariana Lucía Muzlera, mamá de la cantante Tini Stoessel, fue citada a audiencia indagatoria para el próximo martes 16 de julio a las 11, por la jueza Paula Verónica González del Juzgado Criminal y Correccional 40, Secretaria 139, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa N° 55.924/21.

Según figura en el expediente al que tuvo acceso en forma exclusiva Diario PopularMariana Stoessel fue denunciada por el posible delito de «hurto y defraudación» contra María Cristina Chaves, discapacitada visual de 82 años y esposa de Guillermo Alberto Muzlera, padre de Mariana.

En los comprobantes que figuran en la causa caratulada «IMPUTADO: MUZLERA, MARIANA LUCIA S/HURTO y DEFRAUDACION A UN MENOR 0 INCAPAZ QUERELLANTE: CHAVES, MARIA CRISTINA Y OTRO», (Expte. N° 055924/2021), la madre de Tini Stoessel habría retirado el 19 de mayo de 2021, a las 11:34 AM, la suma de 95.000 dólares estadounidenses de la cuenta que su padre, Guillermo Muzlera, compartía con María Cristina Chaves, su esposa, en la sucursal 504 del Banco Macro.

Según los dichos de la denunciante, se trataba de los ahorros conyugales de toda una vida y producto de la venta de un departamento que el matrimonio tenía en común.

En el expediente se confirma que la madre de Tini no tenía autorización para retirar fondos en la cuenta de su padre, situación que reconoció el propio banco -en la nota con fecha 30 de junio de 2022- donde además, se informa que el personal de la entidad bancaria que procedió a la entrega de dinero fueron los Sres. Agustín D. y Rubén I.

En reiteradas oportunidades la Sra.Mariana Lucía Muzlera de Stoessel manifestó desconocer la denuncia judicial en su contra, sin embargo, el lunes 13 de junio de 2022, designó como nuevo abogado al penalista Aníbal Mathis (en remplazo de su anterior letrado el Dr. Agustín Rodríguez), para que la patrocine en la causa en su contra.

Desde el 26 de mayo de 2021, el abuelo de Tini Stoessel -de 87 años- se encuentra internado en una residencia geriátrica de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Según las fuentes que consultó Diario Popular, Guillermo Alberto Muzlera padece una avanzado deterioro cognitivo que lo viene afectando desde 2019.

Luego de un episodio de descompensación psiquiátrica que sufrió en mayo del 2021, cuando estuvo deambulando desorientado por las calles de Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires, se decidió internar al Sr. Muzlera en una institución geriátrica.

María Cristina Chaves, de 82 años, se casó con el abuelo de Tini el miércoles 11 de marzo de 1998, hace 26 años. Su discapacidad visual -certificada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires- la obliga a estar permanentemente acompañada.

A tres años de la denuncia judicial, con su salud deteriorada y el esposo internado, María Cristina sólo espera que se haga justicia.

 

Potenciar Trabajo: citan a indagatoria a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes sociales

Potenciar Trabajo: citan a indagatoria a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes sociales

Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23.

Belliboni deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

 La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello.

Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.

Según la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa «Potenciar Trabajo», dijo el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria.

Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero: Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra. Durante esta primera etapa de investigación, se los investiga por acciones “tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional” que debían ser otorgados a los beneficiarios de Potenciar Trabajo.

El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros– “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.

En paralelo, en otra causa que investiga serias demoras del Gobierno en el reparto de alimentos a comedores, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.

El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.