La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresó su preocupación por la flexibilización de las condiciones para el tránsito y la exportación de ejemplares de fauna nativa y pidió precisiones sobre los controles, autorizaciones y mecanismos de fiscalización previstos por la nueva normativa.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina solicitó formalmente a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación información sobre la aplicación y el alcance de la Disposición N° 381/2025, al advertir que los cambios introducidos en la normativa podrían afectar la protección de la fauna silvestre y favorecer el tráfico ilegal de especies.

La entidad, que nuclea a defensorías provinciales, municipales y especializadas de todo el país, manifestó su preocupación por la derogación de la Resolución N° 62/86 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, vigente desde 1986, que suspendía por tiempo indeterminado la exportación y el tránsito interprovincial de fauna autóctona.

Según señalaron, la nueva disposición también modificó el artículo 4° de la Resolución N° 513/07, incorporando excepciones que permiten el tránsito interprovincial y la exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de criaderos habilitados, así como traslados por razones sanitarias, de rehabilitación, decomiso o con fines científicos y de repoblación autorizados por la autoridad competente.

Desde la Asociación sostuvieron que, si bien el Gobierno nacional aclaró que no se trata de una liberalización total del comercio de fauna silvestre, la eliminación de la prohibición general representa un retroceso en materia de conservación y podría incrementar los riesgos de tráfico y sobreexplotación de especies, especialmente ante la falta de controles suficientes.

Entre las especies que podrían quedar alcanzadas por el nuevo régimen mencionaron al loro hablador, tucán toco, cardenal común, ñandú, tortuga terrestre chaqueña, yacaré overo, venado de las pampas, mono carayá, gato montés y ciervo de los pantanos.

Asimismo, recordaron que el tráfico ilegal de fauna silvestre constituye uno de los mercados ilícitos más rentables a nivel mundial y advirtieron que Argentina forma parte de ese circuito, con más de un centenar de especies de aves, además de reptiles y mamíferos, afectadas por esta actividad.

En el pedido de acceso a la información pública, presentado en el marco de la Ley N° 27.275, los Defensores del Pueblo requirieron conocer la cantidad de autorizaciones de tránsito y exportación otorgadas desde la entrada en vigencia de la Disposición N° 381/2025; el listado de criaderos habilitados; los mecanismos de control, trazabilidad y fiscalización implementados para evitar el blanqueo de ejemplares extraídos del ambiente silvestre; el informe técnico que respaldó la medida; y si se realizaron evaluaciones de impacto ambiental o instancias de participación pública antes de su aprobación.

También solicitaron información sobre los recursos humanos, presupuestarios y logísticos destinados al control del tránsito interjurisdiccional de fauna silvestre y estadísticas actualizadas sobre decomisos, sanciones e intervenciones vinculadas al tráfico de especies desde la entrada en vigencia de la nueva normativa.

Para la Asociación, contar con esta información resulta fundamental para evaluar el impacto de las modificaciones introducidas y garantizar que la flexibilización de la normativa no afecte la conservación de la biodiversidad ni debilite las herramientas de control sobre el comercio de fauna silvestre en el país.