En fallo dividido, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico dejaron sin efecto la medida que había dispuesto el juez de primera instancia Julián Ercolini. El tercer integrante de la Cámara, Martín Irurzun, votó en disidencia por mantener la inhibición.

Además del ex jefe de Estado, también se vieron beneficiados por la medida Alberto Carlos Pagliano, Héctor Martinez Sosa, y la secretaria personal de Ferández, María Marta Cantero, entre otra decena de personas físicas y empresas bajo investigación.

Farah expresó que “la adopción de una medida cautelar gravosa como la inhibición general de bienes requiere, como mínimo y en principio, que se hubiere convocado a declarar a indagatoria a los imputados, por sospecharse su participación en delitos”. “El juez no lo ha decidido; tampoco lo pidió una parte acusadora. Ni se explicó –ni se ve, hoy- alguna circunstancia excepcional que autorice a salir de esa regla. Obviamente, de avanzarse en la instrucción, modificándose el panorama actual, podrá reexaminarse la cuestión”, evaluó.

Boico, por su parte, entendió que el juez Ercolini “no ha demostrado cuales son las razones por las cuales considera reunidas las circunstancias excepcionales que habilitan la adopción de una medida cautelar anticipada” de esta naturaleza. “El desarrollo de los hechos y el contexto investigativo en que se emitió el fallo revelan claramente que el magistrado acudió directamente a la inhibición general de bienes sin definir siquiera que tipo, nivel y límites tendría cada una de las responsabilidades de las personas físicas y jurídicas comprendidas en la medida”, cuestionó.

La medida libera la disponibilidad del patrimonio del ex presidente, al menos menos hasta que el juez de primera instancia corrija las objeciones que le presentó la Cámara y resuelva si convoca o no a indagatoria a los imputados, entre ellos Fernández.