Ante la falta de respuestas contundentes por parte del ente recaudador, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de medidas que incluyen citaciones a altos funcionarios y el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los principales empresarios y sociedades salpicadas en el expediente.

La decisión de avanzar con estas medidas se aceleró luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitiera informes que la fiscalía consideró «insuficientes» para esclarecer el funcionamiento del andamiaje aduanero.

Por este motivo, la Justicia citó a declarar como testigos a dos subdirectores de ARCA, quienes deberán explicar bajo juramento la operatoria interna del sistema de comercio exterior y el rol exacto de los agentes encargados de aprobar o trabar los trámites de importación. En la misma línea, fueron convocados los despachantes de aduana involucrados en las operaciones bajo la lupa.

Secretos levantados y la ruta del dinero

La fiscalía apunta directamente a desarmar la estructura financiera de la presunta red ilegal. Para ello, Picardi solicitó formalmente al juez del caso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo —así como los alcances previstos en la Ley de Lavado de Activos— sobre figuras centrales y de alto perfil vinculadas a las entidades financieras investigadas.

Entre las personas alcanzadas por la solicitud se encuentran Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra.

La misma medida patrimonial fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados en la causa como supuestos responsables de «acelerar» de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales.

Asimismo, el pedido de apertura de cuentas y registros impositivos recayó sobre la firma Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en escuchas y chats de la causa en relación con el armado de una presunta «cuenta espejo» utilizada para desviar fondos.

Entramado de testigos y el rol de la PROCELAC

El avance judicial busca también reconstruir el circuito físico del dinero y los reportes diarios de las operaciones. En ese marco, los tribunales convocaron a declarar a una empleada de la firma Arg Exchange S.A., sospechada de enviar informes periódicos con el detalle de las operaciones de divisas a Martín Migueles, uno de los nombres clave del expediente.

También se ordenaron citaciones para personas del entorno directo de los investigados: un conductor autorizado de un vehículo perteneciente a Elías Piccirillo —quien registraba recurrentes ingresos a su propiedad— y un presunto encargado de trasladar bolsos con dinero bajo las órdenes directas del propio Migueles.

Finalmente, para dar volumen técnico a la sospecha de delitos financieros, la fiscalía amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El organismo especializado tendrá la tarea de auditar los sumarios cambiarios del Banco Central, reconstruir el perfil patrimonial y transaccional de los imputados, rastrear el origen de los fondos mediante agentes de bolsa e identificar a los beneficiarios finales de las maniobras.