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La jueza Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados el pasado miércoles en el Congreso, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.

La liberación de las 114 personas detenidas generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales, mientras el Gobierno insiste en que su fallo favoreció la impunidad.

“Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos», explicó la magistrada del Juzgado Contravencional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10.

Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.

«Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución», afirmó. La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un «derecho baluarte del sistema democrático».

Faltaban requisitos

La jueza señaló que las fuerzas de seguridad omitieron detalles clave: «No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo». A su vez, criticó que las detenciones se informaron con frases genéricas como «misma situación» o «mismo lugar», sin especificar delitos graves como portación de armas o incendio de bienes públicos.

«Era una situación donde no tenía ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una investigación. Hasta las 10 de la noche tenía 14 personas detenidas», relató.

Negó una militancia

Por otro lado, la magistrada se defendió de las críticas del Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri que cuestionaron su accionar, con amenazas de investigar su conducta ante el Consejo de la Magistratura. Andrade evitó responder directamente, pero advirtió: «Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces». Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.

Finalmente, negó militar en algún partido político y pertenecer a ninguna agrupación para despejar dudas sobre su independencia, reforzando su perfil como jueza técnica, alejada de adscripciones partidarias. «Mi afiliación es sindical y pertenezco a asociaciones judiciales», sentenció.