, selva tropical similar al Amazonas compartida por Brasil, Argentina y Paraguay.
La primera plantación de marihuana en la zona fue descubierta en 1997 y hasta 2011 ya se contabilizaban 45 hectáreas deforestadas por esta actividad. Estos sembrados se multiplicaron exponencialmente a partir de 2012 hasta alcanzar las 1.600 hectáreas.
Según el director ejecutivo de la fundación, Yan Speranza, no toda esa extensión está sembrada de marihuana en la actualidad, sino que se calculan unas 600 hectáreas de marihuana activas, es decir, un 0,93% de la superficie de este bosque declarado reserva natural por el Ejecutivo paraguayo en enero de 1992.
En la actualidad, el 10% de las 64.405 hectáreas que abarca esta reserva, ubicada en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil, se encuentra afectado «ya sea por la deforestación directa» para la siembra de cultivos ilegales o por el «impacto del fuego», afirmó Speranza en diálogo con EFE.
El experto advirtió que las llamas suelen descontrolarse en muchas ocasiones, lo que termina afectando directa o indirectamente una cantidad significativa de bosque, «aunque no se utilice para plantaciones» ilegales.
En ese contexto, denunció la «ausencia del Estado» y de los organismos de seguridad para combatir ese flagelo, pese a las más de 50 denuncias presentadas a las autoridades desde 1997. De todas maneras, reconoció que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sí tiene intervención en esa área.
Alarmantes consecuencias
«El Estado está perdiendo la batalla», lamentó el Speranza, quien advirtió que si la escalada no se revierte, esta reserva megadiversa podría perder entre 10.000 y 12.000 hectáreas en una década.
Según el Reporte nacional de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra, publicado en 2023 por el Instituto Forestal Nacional (Infona), sólo en la Región Oriental, que por sus condiciones geográficas y climáticas concentra este tipo de sembrados en el país, se deforestaron 50.499,7 hectáreas de bosque nativo entre 2020 y 2022.
De ese total, el 20% (unas 10.000 hectáreas) se degradó por plantaciones ilegales, principalmente en nueve áreas silvestres protegidas, entre ellas Mbaracayú, que concentró el 52,2% de pérdida de bosques.
