Según el documento presentado por el Ministerio de Capital Humano, en la mitad de ellos no funcionaba ninguna institución de asistencia social. Uno aparecía situado en un country.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettebello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que gran parte de los comedores y merenderos que recibían asistencia del Estado nacional no existían o cumplían funciones distintas a las consignadas. Uno de ellos funcionaba en un country.

La demanda es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”, según informa el portal Infobae. De las auditorías surgió que de la totalidad de los comedores sólo se pudieron confirmar la existencia del 52,3%. El restante 47.7%, en tanto, no pudieron relevarse debido a que el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.

Según la denuncia, algunas de las instituciones que no existen como tales son “Conquistando Sonrisas”; “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Esperanza”; “Los Peques de San Alberto”; “Luz y Esperanza”.

La presentación plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.

Allanamientos por supuestas extorsiones

Unos 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13 mil llamados recibidos pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.

La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión. En total lo fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.

Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una «cuota» para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.

Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con «multas» para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil pesos por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.

También había «listas de espera» de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los «beneficiarios comunes» que son los que lo recibirán.