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Con un video, Espert dio las explicaciones que le exigía su partido

Con un video, Espert dio las explicaciones que le exigía su partido

El candidato libertario José Luis Espert publicó este video para tratar de justificar su relación con el empresario Federico «Fred» Machado, detenido y acusado de narcotráfico.

Espert leyó durante toda su explicación grabada.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico «Fred» Machado, detenido y acusado de narcotráfrico, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, necesitó publicar un video para dar «explicaciones de frente y con total sinceridad». Estas explicaciones se las exigieron dentro de su propio espacio político, tanto Patricia Bullrich como Guillermo Francos habían expresado su disconformidad por la falta de claridad de Espert en este escándalo.

En una extensa exposición, el economista admitió haber sido «ingenuo» pero negó categóricamente ser un «delincuente», y detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió.

Además, Espert atribuyó la polémica a una «campaña sucia» iniciada por el dirigente opositor Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019. «Nosotros somos distintos, no somos como ellos», afirmó.

El origen de la relación y el contrato de consultoría

Espert relató que conoció a Machado a través de un tercero, quien se lo presentó como «un empresario exitoso y admirador» de su proyecto liberal. Admitió que, en 2019, Machado le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y que fue uno de los «tantos que ayudaron en la campaña» presidencial de ese año.

Sin embargo, el diputado se esforzó por diferenciar ese apoyo de la transferencia de los 200.000 dólares. Según su relato, Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda.

«En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información», explicó Espert. «A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato«.

«Nada que esconder»: La explicación sobre los 200.000 dólares

El candidato libertario fue enfático al señalar que la operación fue totalmente transparente y legal.

  • Cuenta declarada: El dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina.
  • Transferencia bancaria: Puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. «Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo», argumentó.
  • No fue un pago de Machado: Aclaró que «no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales».

El trabajo con la minera, según Espert, se frustró por la llegada de la pandemia de COVID-19, que impidió su viaje a Guatemala para continuar con la consultoría.

«Entré en pánico»: El momento en que se enteró de las acusaciones

Espert confesó que recién en abril de 2021 se enteró «por los medios» del pedido de captura internacional contra Machado. «Entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida«, admitió.

«No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual», aseguró, para luego resumir su defensa en una frase: «Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás«.

Finalmente, apuntó contra Juan Grabois por «repetir» una «campaña sucia» de hace cuatro años y por «meterse con su familia» para justificar un supuesto crecimiento patrimonial, el cual, según Espert, se debe a la herencia de un campo de su padre fallecido en 2018.

 

Un juez federal de Rosario contrató al hijo del contador del jefe narco Esteban Alvarado

Un juez federal de Rosario contrató al hijo del contador del jefe narco Esteban Alvarado

Se trata de Marcelo Bailaque, quien enfrenta un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura por su actuación en la investigación del caso del narcotraficante

Fuente: https://www.infobae.com/j
El Consejo de la Magistratura lleva a cabo una investigación contra el juez federal n°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Alvarado en una de las causas más grandes en su contra. En pleno proceso de averiguaciones, se supo que el magistrado contrató al hijo del contador del jefe criminal.

Alvarado, uno de los criminales más poderosos de Rosario y jefe de uno de los clanes más importantes de la ciudad, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico. Entre estas compañías se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas personales y empresariales, tanto para Alvarado como, presuntamente, para el propio Bailaque, según rumores judiciales.

La situación compromete aún más al magistrado federal debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, trabajó en su juzgado federal desde 2017 sin haber participado en un concurso, según dio a conocer el periodista Germán de los Santos de La Nación. El contador de Alvarado y el juez mantiene una relación estrecha y de larga data, puesto que fueron compañeros de secundaria. De hecho, comparten continuamente reuniones con amigos.

En un diálogo con ese mismo medio, el magistrado alegó que “desconocía” que Mizzau era quien llevaba las cuentas de Alvarado; por el contrario, aseguró que tomó conocimiento de esta situación ante la consulta periodística.

Por su parte, Sebastián Mizzau — que se desempeñaba como sumariante en el juzgado— fue ascendido hace un mes y medio, por lo que pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal N°3.

La denuncia contra el magistrado fue presentada en 2022 cuando varios fiscales provinciales solicitaron al Consejo que evalúe el trabajo Bailaque en la causa, ya que en el año 2013 rechazó los pedidos de intervención telefónica a la banda de Alvarado, algo que retasó significativamente el avance de la investigación.

El pedido formal de la intervención estuvo a cargo de los fiscales Marcelo Di Giovanni Santiago Marquevich. Sin embargo, los funcionarios pudieron avanzar con esta solicitud 11 meses después y en el marco de otra causa: el asesinato del jefe narco Luis Medina.

La demora en la autorización de estas intervenciones es uno de los puntos claves en el proceso que se inició contra Bailaque. En este contexto, Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, cuestionó la demora en el accionar del magistrado. Por su parte, Bailaque sostiene que actuó conforme a su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención.

En su defensa, el magistrado argumenta que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones que fueron desestimadas. El juez federal también hizo hincapié en que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, que resultó en una condena de 15 años de prisión por narcotráfico en 2022.

Sin embargo, fue el propio contador de Alvarado quien gestionó la habilitación municipal de la empresa de la empresa Sagrado Corazón de María SRL. Esta firma que junto con Logística Santino SRL. se encontraban en manos de los testaferros de Alvarado y figuraban en la causa que llevaba Balique.

El caso ha suscitado reacciones en la escena política y judicial. El diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade exigió explicaciones y solicitó que el juez aclare su relación con Gabriel y Sebastián Mizzau, debido a su conexión con Esteban Alvarado. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura continúa evaluando las posibles responsabilidades del juez Bailaque, en un proceso que podría llevar a sanciones o a su destitución.