Se trata de Carla Marina Pegoraro, qun pidió ser parte en una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien la patrocina.

En el escrito entregado en el Juzgado Federal número 9, donde quedó radicada la causa, se solicitó que se «cite a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación a Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, Luis Rollé, Gerardo Ariel Perillo Scampini y Cristian Rivaldi».

Este último, según trascendidos periodísticos, sería el policía federal que arrojó gas pimienta a la niña durante las protestas del 11 de septiembre último.

«El día 11 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, mientras me encontraba acompañando a mi hija, Fabrizia Pegoraro, de diez años de edad, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el efectivo de la Policía Federal Argentina identificado como Rivaldi, actuando bajo órdenes directas del Comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini a cargo del procedimiento, nos lanzó gas de manera violenta e inesperada a menos de medio metro de distancia», sostuvo la madre en la denuncia.

El ataque «fue directamente dirigido hacia nuestros ojos, lo que nos provocó daños tanto físicos como psicológicos», agregó.

También sostuvo que «en un esfuerzo por encubrir el acto de represión, Bullrich, Alejandra Monteoliva y Luis Rollé se valieron de sus altos cargos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de la Policía Federal Argentina para orquestar una maniobra mediática, que incluyó la difusión de un video manipulado con el objetivo de ocultar la brutalidad de los hechos».

Al ampliar la denuncia que está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la madre de la nena y Dalbón pidieron medidas de prueba, entre ellas la declaración de la menor en Cámara Gesell.

Previamente, Patricia Bullrich fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

La niña, que estaba junto a su madre en la marcha que organizaciones sindicales y políticas realizaron para defender la nueva movilidad jubilatoria, recibió gas pimienta en la cara luego de que, en el interior del recinto, el oficialismo logró sostener el veto del presidente Javier Milei al aumento a los jubilados.