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La Libertad Avanza impulsa test obligatorios de drogas para funcionarios públicos en la provincia

La Libertad Avanza impulsa test obligatorios de drogas para funcionarios públicos en la provincia

El diputado provincial Esteban López Tozzi confirmó que el proyecto alcanzará a los tres poderes del Estado, Municipios y empresas públicas. Además, cuestionó el discurso del Gobernador y adelantó que presentarán documentación sobre fondos nacionales para viviendas

La Libertad Avanza impulsa test obligatorios de drogas para funcionarios  públicos en la provincia - Diario La Mañana

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LA ACCIÓN DEBERIA EMPEZAR POR CASA. SUS CANDIDATOS Y FUNCIONARIOS SON LOS MAYORES IMPLICADOS EN CASOS DE TRAFICO

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial presentará un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de test de consumo de estupefacientes a legisladores y funcionarios públicos de Formosa. La iniciativa fue confirmada por el diputado Esteban López Tozzi, quien detalló a La Mañana que la medida alcanzará a todos los niveles del Estado.

“De aprobarse, pasaría a ser un requisito más de los que tiene que reunir el funcionario público”, explicó el legislador, al señalar que el test se enmarcaría dentro del principio de idoneidad exigido para el ejercicio de cargos públicos.

 

Según precisó, la norma incluiría tanto el consumo problemático como el consumo “lúdico”, incluso en niveles bajos. “Lo que se busca es tener una gestión eficiente y garantizar que el funcionario esté completamente apto para dirigir sus acciones y defender los intereses de la provincia”, sostuvo.

El proyecto prevé sanciones para quienes se nieguen reiteradamente a realizar los exámenes o adopten conductas dilatorias, lo que sería considerado “falta grave”. La iniciativa abarcaría a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, comisiones de fomento y empresas estatales con participación mayoritaria, “desde el Banco de Formosa hasta el Gobernador”, remarcó.

Consultado sobre si la medida podría interpretarse como una intromisión en la vida privada, López Tozzi respondió que “quien decide consumir voluntariamente y entiende que tiene control, simplemente puede optar por no ser funcionario”. Argumentó además que el consumo de estupefacientes, considerado una enfermedad bajo la legislación vigente en salud mental, afecta progresivamente la capacidad cognitiva.

El diputado de LLA indicó que la propuesta toma como base antecedentes de otras jurisdicciones. Mencionó a Río Negro como modelo inicial, y señaló que la provincia del Chaco ya aprobó una normativa similar, mientras que en Salta el gobernador Gustavo Sáenz dictó un decreto en la misma línea y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un proyecto presentado.

En el plano político, López Tozzi reconoció que el oficialismo provincial cuenta con mayoría legislativa, por lo que la aprobación dependerá del Partido Justicialista. No obstante, afirmó que buscarán el acompañamiento de otros sectores opositores.

Críticas al discurso de Insfrán

Durante la entrevista con este Diario, el legislador también se refirió al mensaje del gobernador Gildo Insfrán en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Señaló que el discurso fue “una repetición del informe de gestión” y cuestionó datos vinculados a la política habitacional.

“Se habló de la entrega de 28 viviendas durante 2025, cuando hay cerca de 19.000 inscriptos. Eso nos llamó la atención”, afirmó. En ese sentido, adelantó que en los próximos días podrían dar a conocer documentación que, según sostuvo, demostraría que el Gobierno nacional transfirió fondos para finalizar obras habitacionales en la provincia.

De acuerdo con López Tozzi, los recursos provendrían del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y habrían sido aceptados por la administración provincial. “Vamos a mostrarle a la sociedad cómo funciona la lógica de las viviendas y cómo se administran los recursos”, aseguró.

Finalmente, planteó que el 93% de los recursos provinciales son de origen nacional y consideró que debe haber mayor control sobre su utilización. “La sociedad empieza a reclamar que los recursos del Estado se usen para lo que tienen que usarse”, concluyó.