La protesta comenzó desde temprano en la entrada del edificio. De acuerdo con los participantes, las autoridades habían acordado recibirlos para responder a las demandas por las bajas injustificadas de subsidios, los recortes salariales, y el faltante de medicamentos y terapias en situaciones críticas, entre otras cuestiones. No obstante, ante las reiteradas postergaciones del encuentro y el anuncio de su cancelación, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas.

Ante ese panorama, desde el Foro Permanente Discapacidad cuestionaron lo que consideran una falta de voluntad para avanzar en una respuesta concreta a las problemáticas planteadas por instituciones, trabajadores y personas con discapacidad. “A pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”, indicaron en un comunicado difundido por el Foro.

Por su parte, Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la situación de colapso del sistema: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”.

Visiblemente afectada, agregó: “Es agotador todo esto, es un sector vulnerable. Como madre ya paso de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga a abrir la puerta y nos reciba”.

Entre los principales puntos reclamados se encuentra la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793, y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la «falta de financiamiento específico» y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES

Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad llevan meses reclamando por sueldos que no se actualizan desde principios de año. Muchos de ellos trabajan en atención directa a personas con discapacidad, gestionando pensiones, certificados y subsidios que quedaron atrasados por la falta de recursos.

“Son empleados de distintas dependencias, que trabajan en oficinas de todo el país y vinieron hoy a reclamar acá porque ya no pueden sostener más esta situación”, explicó la cronista, y agregó: “Pidieron ser recibidos para una mesa de negociación, pero frente a la negativa decidieron entrar”.

Uno de los delegados sindicales que encabezó la manifestación aseguró que la paciencia se agotó.

“Estamos trabajando sin aumento, con contratos precarizados y con compañeros que cobran menos de la canasta básica. Llevamos meses pidiendo una reunión con las autoridades, pero no nos escuchan. Hoy la gente explotó”, señaló.