En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá tomar la decisión final, Picardi no impulsó la denuncia de Bullrich y advirtió que la actitud de Biró «lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato», porque en esas declaraciones también anunció su intención de recurrir a la Justicia, informaron fuentes judiciales.

El fiscal interpretó que «nada de esto sucedió en el caso» y que los dichos de Biró se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión en medio de un conflicto gremial.

«Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-«, expresó el fiscal. También recordó que se trata de reclamar por «derechos laborales y sindicales, todos de raigambre constitucional que, a la vez, forman parte del corpus del derecho internacional de los derechos humanos».

«El derecho penal debe ser únicamente utilizado cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo; y cuando se determine que es la herramienta que resolverá de manera eficiente el conflicto de fondo», concluyó en su dictamen que ahora evaluará el juez Lijo.

Las declaraciones que derivaron en la denuncia fueron hechas por Biró en el marco del conflicto por Aerolíneas Argentinas. «Esto se va a poner mucho peor. Cuando digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando todas las cartas, muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía», dijo a la prensa el sindicalista.

En un comunicado difundido de manera posterior, el Ministerio detalló que la denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas por presunta «extorsión y amenazas» se presentó porque sus expresiones «generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros».

Por otro lado, el Ministerio sostuvo que esas expresiones «podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga» y podrían ser «amenazas extorsivas».