Se trata de la letrada Silvina Fernández Rosarno, que entiende que «hay un negocio atrás» del cual no sólo participó la magistrada sino que «hay otros actores hacia arriba y hacia abajo de ella que estuvieron en esto».

Rosarno remarcó que «era tan grande el negocio atrás de esto que la jueza dejó caer la experiencia de tantos años al frente de su carrera como jurista».

«Prefirió perderlo todo considerando lo que iba a ganar con ese documental. No seamos inocentes, porque esto no es un error, no es sólo vanidad. Hay nexo causal entre la codicia a punto tal de decir pierdo todo porque sé que todo lo que voy a ganar adicionalmente lo vale», indicó la abogada en declaraciones al programa «Tiempo de Policiales», que se emite por ATP Radio.

Asimismo, añadió: «Ella se plantea, `determinada cantidad de años en la Justicia, se terminó; el hecho de ser profesora, se terminó. A partir de ahora quiero ser productora y recibir las ganancias de todo esto`».

«El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, está analizando determinados delitos penales, entre ellos los de incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad, malversación, pero no está considerando algo muy importante que son las negociaciones incompatibles con la función pública. De todos esos delitos es que el que mayor pena en expectativa posee, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos», indicó.

La letrada arremetió contra la jueza y apunto contra los otros magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso al señalar que «no podían no saber lo que pasaba».

«Cada uno ocupa un lugar diferente. Ellos están más elevados que el resto de la gente en el tribunal y a contracara para ver absolutamente todo. Es imposible que me digan que esta gente era ajena y que desconocía todo lo que estaba pasando», precisó Fernández Rosarno.

Asimismo, lo comparó «con el crimen organizado, porque hay distintos estratos y distintas cadenas de organización, además de una cuestión vertical».

«Se incorpora, desde mi punto de vista, la conducta de una asociación ilícita. Hay una jefa y gente que cooperó. Además, hay un enlace muy aceitado entre distintas figuras. Para que pudieran entrar a filmar al tribunal por el solo permiso de una jueza no es suficiente. Acá hay tres personas que estaban como jueces», señaló la abogada.

Y afirmó: «Ella va a tener una investigación, pero por ahora fue suspendida en sus funciones, por lo que está cobrando su sueldo. Acá tiene que hacerse una investigación para poder hacer valer el respeto de las instituciones».

«Hay cosas turbias y uno empieza a sospechar si esto ya no ocurrió antes porque un mecanismo tan aceitado no se logra de un momento a otro. Se necesita un conocimiento y un modus operandi que haya funcionado anteriormente con otras cosas», denunció.

Fernández Rosarno planteó: «¿Es la primera vez que pasa esto o ya había pasado anteriormente? Se habla del lucro que hay atrás de todo esto y se tiene que investigar por negocios incompatibles con los deberes de funcionario público, delito que tiene 6 años de máxima pena. Igual, mínimamente esta tipificación penal abarcaría muchos otros delitos por su sumatoria y daría una señal que esto no es lo esperable para la sociedad».

«Nadie habla de estas negociaciones incompatibles ni de la renta esperada que iba a tener esta mujer. Hay muchas personas adicionales por arriba y por debajo de ella. No fue una jugada que hizo sola. Hay mucha gente involucrada porque es mucho el dinero por el contrato propiamente dicho y el resultado de réplica de los contratos de las diversas plataformas», arremetió.

Por último, sostuvo que el comportamiento de Makintach le da «vergüenza ajena, porque esto afecta mucho la mirada fina que baja de la Justicia, tanto en general por las instituciones, como por el rol de una mujer en el Poder Judicial».

«Eso hay que cuidarlo muchísimo porque para una mujer es muy difícil llegar», concluyó.